La fiscal del caso Rocío Rivero solicitó siete allanamientos en ciudades de Neuquén y Río Negro en el contexto de una investigación por el delito de administración fraudulenta, por un monto de al menos $39 millones.
Los procedimientos se efectuaron en viviendas particulares y oficinas comerciales durante la mañana de hoy, en las ciudades de Rincón de los Sauces, Allen, Fernández Oro y Cipolletti.
La investigación gira en torno a una denuncia a principios de julio de 2024 que recibió el departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén, que dio intervención a la fiscal del caso Rocío Rivero.
De acuerdo al contenido de la denuncia, un representante de una empresa privada recibió el llamado de una tarjeta de crédito y le reclamaron el pago de $39 millones de la tarjeta corporativa. Añadió que un contador con domicilio en Fernández Oro, era el responsable de efectuar estos pagos, y que le había remitido un comprobante de pago, pero que éste resultó una falsificación.
La persona denunciante agregó que detectó otras supuestas irregularidades de parte del contador, como el uso de fondos de la firma para beneficio propio, sin consentimiento; y la realización de certificaciones apócrifas para aparentemente desviar fondos a su favor. Esto habría ocurrido entre febrero y julio de 2024.
La fiscal del caso requirió el secuestro de computadoras, teléfonos celulares, pendrives, discos externos, dinero en efectivo y documentación referida a transferencias bancarias, documentación bancaria, constancias de pagos, facturas, libros contables, chequeras, recibos, remitos.
Durante los procedimientos, la representante del Ministerio Público Fiscal no requirió detenciones; pidió que se identifiquen a diversas personas que estaban en las viviendas y oficinas comerciales.
“Una vez que procesemos el contenido de esta información, vamos a estar en condiciones de definir si corresponde o no hacer una formulación de cargos, y eventualmente en caso de hacerlo, a quién o quiénes debe comprender”, precisó la fiscal, quien trabaja en el caso bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli y con el acompañamiento de la asistente letrada Agustina Jara.