El fiscal general José Gerez se reunió con el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A).
La reunión se realizó al mediodía y, tras el encuentro, el fiscal general planteó: “cuando Neuquén asuma la investigación del microtráfico de drogas, con nuestro Ministerio Público Fiscal y los demás actores de la justicia penal provincial, vamos a estar en condiciones de investigar una mayor cantidad de casos por estos delitos en comparación a los que impulsa la Justicia Federal”.
El jefe de fiscales provincial sostuvo que “al analizar lo que pasó en aquellas provincias que ya asumieron la competencia de estos delitos, como C.A.B.A, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco y Formosa, entre otras, se advierte que los sistemas provinciales de justicia lograron investigan más casos, y en parte esto se debe a que cuentan con más recursos y más despliegue territorial para poder hacerlo respecto a la Justicia Federal”.
Agregó que “esto implica que, cuando esté en marcha la desfederalización del microtráfico, la Justicia Federal va a tener menor cantidad de causas y de esta forma va a poder optimizar sus recursos y esfuerzos en investigar los delitos de otros eslabones de la cadena del narcotráfico”.
En este contexto, Gerez puntualizó que “uno de los desafíos que vamos a tener como Ministerio Público Fiscal (MPF), teniendo en cuenta lo ocurrido en las otras provincias mencionadas, es que esta mayor cantidad de casos no tenga origen en la persecución del delito de tenencia para consumo personal, que involucra a personas consumidoras y que necesitan otro tipo de respuesta; sino en que este mayor volumen de casos responda a la persecución de quienes comercializan droga en los mercados de los barrios de las diferentes ciudades”.
Durante la reunión, y sobre la base de la experiencia del titular de la Procunar, Gerez escuchó sugerencias sobre la conformación de la fiscalía especializada para perseguir los delitos de microtráfico; en torno al vínculo de los y las integrantes del MPF con las fuerzas de seguridad; las particularidades de las investigaciones de microtráfico; y sobre la necesidad de conformar equipos de trabajo entre el MPF de Neuquén y de Nación, principalmente para coordinar investigaciones conjuntas.
La legislación vigente en el ámbito nacional para trabajar en las investigaciones de narcotráfico, fue otro de los ejes abordados durante el encuentro: la figura del arrepentido, del informante, así como la del agente encubierto y revelador, el testigo de identidad reservada, y la utilización de la denuncia anónima.
Para el corto plazo, Gerez acordó con Iglesias la posibilidad de realizar un encuentro en Neuquén destinado a la capacitación de los y las fiscales neuquinos por parte del equipo de la Procunar.
La Procunar funciona en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Se encarga de investigar y de prestar asesoramiento técnico y colaboración a las fiscalías que intervienen en casos de narcocriminalidad.
En la actualidad, ya fue elaborado el proyecto de ley por parte del Consejo Estratégico de Implementación (CEI), que integran el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Superior de Justicia y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad. Este borrador contempla los aspectos generales para que la provincia asuma la competencia para investigar los delitos de microtráfico de drogas (también denominado narcomenudeo).
El CEI fue conformado en julio pasado. Entre las acciones que tiene previstas, figura la elaboración de anteproyectos de ley; la realización de planes de capacitación para operadores judiciales y fuerzas de seguridad; el análisis de legislación comparada; la evaluación de modelos ya implementados; la gestión de recursos para la investigación del delito puntual; así como las reestructuraciones que sean necesarias en cada ámbito.
La creación del CEI responde al anuncio del gobernador Rolando Figueroa a principios de julio pasado, de que la provincia asumirá la investigación de los delitos de microtráfico.
La decisión implica el traspaso de las investigaciones por comercialización y distribución de drogas para el consumo al sistema penal provincial, mediante la adhesión a la Ley Nacional 26.052, que propone la desfederalización del delito.