Un imputado por el robo a una persona que había dejado dinero en un vehículo y por participar en el hurto de una camioneta que era propiedad de la Legislatura de la provincia, donde trabajaba, aceptó su responsabilidad, pidió disculpas y reparará el daño causado: por el robo del dinero pagará un resarcimiento económico, mientras que por el vehículo realizará trabajos no remunerados durante un año y medio.
Así se acordó durante una audiencia realizada ayer, a partir de la investigación de la fiscal del caso Mariana Córdoba y de la asistente letrada Lorena Juárez. El acusado, D.D.G, reconoció su participación y se comprometió a cumplir las reglas de conducta ordenadas, mientras que las víctimas prestaron su conformidad para resolver el conflicto.
Los hechos atribuidos son dos:
-El 27 de mayo a las 16:30, D.D.G ingresó al edificio de la Casa de las Leyes, ubicado en calle Olascoaga, y tomó las llaves de una camioneta propiedad de la Legislatura, donde lo conocían porque había trabajado allí. Al salir del lugar entregó las llaves a otra persona, que hasta el momento no fue individualizada y que se marchó a bordo del vehículo. La fiscalía calificó lo ocurrido como hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, en carácter de partícipe necesario (artículos 163, inciso 6; y 45 del Código Penal).
-El 28 de agosto, a las 11:30, en calle Ilia 958, una persona se bajó de una camioneta para dirigirse a un comercio. En ese momento, dos varones que se movilizaban en un auto conducido por D.D.G, se bajaron y tomaron dos bolsas con dinero que había dentro de la camioneta. Este hecho fue calificado como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en carácter de coautor (artículos 167, inciso 2; y 45 del Código Penal).
“Se trata de delitos que tienen un mínimo de 3 años de prisión y el imputado no tenía antecedentes penales ni investigaciones en trámite”, explicó Juárez respecto de las condiciones para suspender el proceso a prueba, y aclaró que por esos motivos, “una eventual condena podría no haber sido de prisión efectiva”.
También informó al juez de garantías Juan Guaita que, consultadas, las víctimas estuvieron de acuerdo cuando el imputado ofreció reparar el daño: el particular que sufrió el robo recibirá pagos mensuales hasta totalizar $1.400.000; mientras que para resarcir a la Legislatura, que estuvo representada en la audiencia con un representante legal, el acusado cumplirá 96 horas de trabajos comunitarios en una institución de bien público. Además, D.D.G deberá fijar domicilio y no mudarlo sin previamente dar aviso, no podrá cometer delitos ni consumir bebidas ni estupefacientes en la vía pública, además de que estará sometido al control de la Dirección de Población Judicializada.
Tras escuchar a las partes, el magistrado dispuso la suspensión del proceso a prueba durante un año y medio. Si incumple alguna de las condiciones, el proceso se retomará y D.D.G será juzgado en juicio.