La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari, presentó el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2025, estimado en 260.197 millones de pesos. “Expone una relación de equilibrio entre recursos y gastos”, sostiene en la iniciativa.
Los recursos se generarán por los ingresos de coparticipación federal, calaculados en 134.397 millones; recursos propios, por 4500 millones y contribuciones figurativas del Tesoro Provincial por 121.300 millones.
En cuanto a los gastos corrientes, la partida de personal demandará 241.697 millones. Aclara que para ese cálculo, se tuvo en cuenta “el crecimiento vegetativo —antigüedad—, el impacto de la inflación (IPC) proyectada para el cierre del ejercicio actual, así como la estimada para el ejercicio 2025, conforme a las pautas macrofiscales definidas por el órgano rector provincial”. Y añade que cualquier desvío del indicador “demandará mayor asistencia financiera, de modo de permitir el pleno y normal funcionamiento del servicio de justicia”.
En tanto, el rubro bienes de consumo obtuvo una asignación de 1400 millones y servicios no personales 12.600 millones. Para su estimación, se consideraron los efectos del comportamiento de las variables macroeconómicas, “destacándose el incremento significativo en el costo de los servicios públicos, de los servicios de limpieza, de vigilancia, de la locación de inmuebles, y la incidencia sobre el costo de los servicios e insumos sujetos a la variación del tipo de cambio, tales como licencias, conectividad e insumos informáticos y forenses”.
La inversión real demandará 4500 millones y la planta de personal que contempla el proyecto es de 2518 cargos, de los cuales 2464 corresponden a planta permanente y 54 a la planta temporaria. Establece que el Poder Judicial podrá reestructurar y modificar las categorías programáticas, con las limitaciones impuestas por la ley de administración financiera 2141.
La exposición de motivos señala que el presupuesto requiere de la asignación de recursos para dar continuidad a las gestiones en materia de acceso a la justicia, el plan de modernización, el Fuero de Familia, la Oficina de Violencia y la Justicia de Paz.
También menciona que, como parte de las medidas previstas por el Ministerio Público Fiscal para optimizar la distribución de recursos y acercar la justicia a los ciudadanos, se crearán nuevas sedes en Añelo y Piedra del Águila.
En cuanto a la Defensa Pública, contempla una reorganización de los servicios que alcanzará al Servicio de Orientación Jurídica en el interior, que funciona como puerta de acceso al sistema en materia de niñez y adolescencia.
Por otro lado, prevé avanzar con las ampliaciones y mejoras en los inmuebles, y con la implementación del Plan de Modernización Integral. De igual modo, proyecto continuar con el plan integral de capacitación y revalorización del capital humano.
“En relación a las reestructuras presupuestarias que puede llevar a cabo este Poder Judicial, se pone a consideración autorizar al Tribunal Superior de Justicia a efectuar anticipos por recomposición salarial, a cuenta de futuros aumentos, cuando existan elementos objetivos que así lo ameriten, en atención a los plazos legislativos que conlleva la sanción del proyecto de ley de remuneraciones y su promulgación”, afirma.