El diputado Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) presentó un proyecto de ley para crear un cuerpo de Policía Judicial, órgano técnico-científico que dependerá directamente del Ministerio Público Fiscal. La iniciativa indica que se trata de un cuerpo especializado destinado específicamente a asistir al fiscal durante la etapa de investigación tanto en la búsqueda, recolección y preservación de pruebas como en su análisis posterior.
Lo hará a partir de un procedimiento protocolizado que garantice la preservación de la escena del delito; la conservación de elementos de prueba y el resguardo y asistencia a la víctima.
Aclara en su articulado que ninguno de los miembros del cuerpo podrá portar armas y dispone una estructura jerárquica y descentralizada por jurisdicciones para garantizar su eficiencia en la resolución de delitos. En ese sentido, destaca que el cuerpo contará con un recurso humano altamente especializado para llevar adelante su labor.
Al respecto, establece que la Policía Judicial será presidida por un director general, figura que será secundada por dos subdirectores que estarán a cargo de las áreas de Investigaciones Judiciales y Técnico-Científica, respectivamente.
En lo que respecta a la descentralización de la estructura, se procederá a la apertura de oficinas en distintas circunscripciones judiciales y su funcionamiento quedará bajo la órbita de coordinadores regionales.
Advierte en sus fundamentos que hace 10 años Neuquén suplantó en su Código Procesal Penal el sistema inquisitivo por uno de características acusatorias. Esta modificación derivó en que el propio Ministerio Público Fiscal debió hacerse cargo en forma íntegra de todo el proceso de investigación.
Sobre este punto, sostiene que para esta fase de su tarea aún depende de la Policía Provincial, situación que se traduce en una delegación de labores que recae en el cuerpo policial, con la consecuente limitación del MPF de poder dirigir íntegramente el proceso de investigación.
Añade a esta limitación la superposición de tareas que le genera al propio cuerpo policial, que debe disponer de personal para funciones investigativas y no poder destinarlo a trabajos operativos que tienen por finalidad la prevención del delito.