Con el objetivo de garantizar la implementación de la perspectiva de género en el ámbito de la justicia, se presentaron dos proyectos de ley que plantean incluir como causal de recusación en el Código Procesal Penal y en el Civil y Comercial, las manifestaciones judiciales o extrajudiciales contrarias a la perspectiva de género o discursos de odio o discriminatorios. Las iniciativas son impulsadas por representantes de los bloques Partido Demócrata Cristiano, Frente de Todos, Juntos por el Cambio y CC-ARI.Uno de los proyectos propone incorporar el planteo como inciso 11 del artículo 17 de la ley 912, Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, mientras que el otro apunta a incorporarlo a través del artículo 42 bis en la ley 2784, Código Procesal Penal de la provincia.Los fundamentos sostienen que la falta de perspectiva de género en el ámbito judicial vulnera el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad de mujeres y diversidades, como Derecho Humano fundamental. Mencionan que el marco normativo interno y externo impone adecuar la garantía del juez o jueza imparcial para todas las personas, como así también la obligación de guiar los procesos y el juzgamiento con perspectiva de género para garantizar la igualdad ante la ley, la no discriminación y evitar toda práctica que tienda a la revictimización. Acotan que el derecho a ser juzgados o juzgadas con perspectiva de género y sin discriminación “es uno de los principios que sustentan el derecho al debido proceso”.“Los jueces y las juezas que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que le toca juzgar, en claro incumplimiento con sus obligaciones legales, convencionales y constitucionales, corresponde que se inhiban o sean apartarlos de las actuaciones, ya que estas posiciones resultan contrarias al avance de los Derechos Humanos de las mujeres, y de la resolución de causas judiciales con perspectiva de género y sin discriminación”, se señala en otro tramo de la fundamentación.