La fiscal jefa Sandra González Taboada y la fiscal del caso Gabriela Macaya formularon cargos hoy a dos personas, Fabio Antonio Luna y Patricia Delia Cressatti, en el marco de la investigación en curso por la explosión que se produjo en la escuela-albergue N°144 del paraje Aguada San Roque a mediados del año pasado, en la que fallecieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su ayudante Mariano Spinedi.
Se trata de la segunda formulación de cargos realizada en la causa. En abril fueron imputadas otras ocho personas que, al momento del hecho, trabajaban en ámbitos privados y públicos con diferentes roles y responsabilidades en torno a la obra que se estaba ejecutando en el establecimiento educativo, y que había sido adjudicada a la empresa Arte Construcciones S.R.L.
En el caso de Luna y Cressatti, la fiscal jefa y la fiscal del caso les imputaron los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y homicidio culposo (en perjuicio de Mónica jara), en concurso ideal y en carácter de autor (artículos 248, 84, 54 y 45 del Código Penal).
Al momento de los hechos, Luna era director general de la Modalidad Rural del Consejo Provincial de Educación, mientras que Cressatti era directora provincial de Nivel Primario del mismo organismo.
De acuerdo con la investigación provisoria del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 29 de junio de 2021 en la escuela-albergue N° 144 del paraje Aguada San Roque. En el lugar estaba el gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino Mariano Spinedi. Allí realizaban tareas vinculadas a la instalación de gas y la verificación del funcionamiento de calefactores. Alrededor de las 13.50, ambas personas, junto a la docente Mónica Jara, fueron hacia un ambiente destinado al albergue de niñas, donde en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una deflagración y posterior incendio. Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata; y en el caso de Jara logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada hacia la ciudad de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021.
La fiscal jefa les atribuyó tanto a Luna como a Cressatti, a partir de las funciones que desempeñaban como funcionarios públicos, no haber informado al cuerpo colegiado y a la presidencia del Consejo Provincial de Educación que la escuela primaria rural N°144 de Aguada San Roque se encontraba en obra, por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales en junio de 2021. González Taboada aseguró que esa omisión determinó que se incluyera a la escuela entre las que debían retornar a clases presenciales. También les atribuyó una segunda omisión, en este caso de informar a la directora del establecimiento, que mientras se realizaban las obras no se podía ingresar ni permanecer en el edificio.
Las querellas particulares adhirieron a la formulación de cargos y realizaron sus presentaciones, en el mismo sentido que la fiscalía. La defensa particular, por su parte, se opuso a la formulación.
Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Laura Barbé informó que comunicará su decisión el próximo viernes, tras el plazo reglamentario de 48 horas.