En una audiencia de formulación de cargos realizada ayer, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo acusó a un hombre, por golpear y lesionar a su expareja en la localidad de Aluminé. Además, solicitó que el acusado quede detenido con prisión preventiva.
Los delitos que la fiscalía le atribuyó al imputado son lesiones graves, agravadas por ser su pareja conviviente y en contexto de violencia de género, en calidad de autor (artículos 90, 80 incisos primero y onceavo y 45 del Código Penal).
La teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal es que el hecho ocurrió el 1 de julio pasado, cerca de las 14:50 cuando el imputado, agredió físicamente a su expareja en la vía pública, en la localidad de Aluminé. El imputado le arrojó a la mujer un ladrillo en el rostro que le provocó lesiones graves, por lo que debió ser hospitalizada.
La fiscal del caso solicitó como medida cautelar que se dicte la prisión preventiva para el imputado por el término de 60 días. Detalló que “es indispensable para la protección de la integridad física de la víctima” y argumentó que existe peligro de entorpecimiento de la investigación.
Asimismo, agregó que el 7 de junio de 2021 se le otorgó al imputado una suspensión de juicio a prueba por lesiones leves, siendo la víctima también su expareja; y el 6 de mayo 2022 se le formularon cargos nuevamente por el incumplimiento de las medidas impuestas. Finalmente el 30 de mayo de 2022, en una audiencia de ejecución, la fiscalía solicitó la revocación de la SJP por el incumplimiento, pero el juez de garantías encargado de dirigir la audiencia no hizo lugar al pedido y resolvió extender la suspensión de juicio a prueba por seis meses más. Pizzipaulo indicó que “no hay una modificación de la conducta del imputado a pesar de todos los procesos que hemos realizado”.
La jueza de garantías encargada de dirigir la audiencia avaló el requerimiento de la fiscalía y dio por formulados los cargos en los términos solicitados por la fiscal. También, fijó el plazo de la investigación en cuatro meses y dispuso la prisión preventiva para el imputado, pero por el término de un mes, indicando que su decisión se deberá revisar en dentro de 30 días.