A partir de la acusación del fiscal jefe Juan Agustín García, un hombre fue condenado a 18 años de prisión efectiva, tras reconocer su participación en el homicidio de un hombre y por intentar matar a una mujer que fue su pareja.

Si bien el caso iba a ser llevado a juicio, la unidad fiscal de Homicidios avanzó en la condena mediante un acuerdo de partes tras consultarlo con familiares y víctima de los distintos hechos. García, quien presentó los términos de la condena al tribunal, fue asistido durante la audiencia y en la investigación por los asistentes letrados Lucrecia Sola y Pablo Javega.

El condenado es Andrés Alejandro Ávila, quien estaba detenido en prisión preventiva y a quien el Ministerio Público Fiscal le atribuía dos hechos. El primero ocurrió el 14 de noviembre de 2020, cuando junto a Nicolás Alexis Sosa persiguieron a Daniel Canassone y a una mujer para robarles la moto en la que se trasladaban. Fue en ese contexto que Ávila efectuó un disparo y mató a Canassone. Sosa ya había reconocido su participación en este y otro caso y había sido condenado.

Ávila también estaba acusado otro hecho, ocurrido el 28 de marzo de 2021 en un sector de la Autovía Norte. Cerca de las 22, Ávila se trasladaba como acompañante en un automóvil cuando vio a una mujer que había sido su pareja. En ese momento la comenzaron a perseguir y Ávila realizó varios disparos, “con la la clara intención de matarla”, afirmó el fiscal jefe durante la presentación del acuerdo. Uno de esos disparos impactó en una pierna, aunque pudo escapar y ser atendida en el hospital.

García encuadró los hechos en los delitos de homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor y en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el vínculo, en carácter de autor y en grado de tentativa.

El fiscal jefe explicó que, previo a la audiencia y a acordar la declaración de responsabilidad, desde la fiscalía se consultó a familiares de la víctima del homicidio y a la víctima del segundo hecho. Tras el consentimiento de todas las partes, y considerando que “para las víctimas ha sido un proceso largo y doloroso y esto es una forma de darle cierre”, García solicitó la pena de 18 años que finalmente impuso el tribunal.