El asistente letrado de la fiscalía de Junín de los Andes Maximiliano Cattafesta, solicitó que un hombre, condenado por haber abusado sexualmente de una preadolescente perteneciente a su entorno familiar, continúe detenido con prisión domiciliaria. Realizó el pedido de la medida cautelar por dos meses, a la espera de que la pena impuesta pueda ser ejecutada.
Durante la audiencia, el asistente letrado informó que el 17 de noviembre de 2021 un Tribunal Colegiado declaró al imputado responsable del delito abuso sexual con acceso carnal, cometido en forma continua y reiterada. El 15 de febrero de 2022 fue condenado a 9 años de prisión de efectivo cumplimiento y el 22 de abril, un Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia tanto de responsabilidad como de la pena.
Según indicó Cattafesta, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia declaró inadmisible la impugnación extraordinaria ante ese cuerpo y, para que la sentencia se ejecutada, solo restaría esperar un eventual rechazo al recurso extraordinario federal que interpuso la defensa.
Desde el 28 de marzo de 2021, el condenado viene cumpliendo prisión preventiva, medida que fue prorrogada en un primer momento a pedido de la fiscalía y que luego fue morigerada por una prisión domiciliaria.
Para la fiscalía, la necesidad de mantener medidas cautelares de restricción de la libertad tiene que ver con que persiste el riesgo de fuga y que la causa se encuentra con el doble conforme (dos sentencias condenatorias).
Luego de escuchar los planteos de las partes, la jueza de garantías dispuso extender la prisión domiciliaria por el plazo de dos meses, así como también las prohibiciones de contacto o acercamiento impuestas originalmente.
El nombre de la persona condenada no se da a conocer como medida de protección de la niña víctima.
El caso:
De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal el hecho ocurrió entre julio y septiembre de 2020 en un paraje cercano a la ciudad de Junín de los Andes. El imputado abusó sexualmente de una preadolescente perteneciente a su entorno familiar que, producto de esos abusos, quedó embarazada. Tras la atención médica, se activaron los protocolos de intervención y se le practicó una interrupción legal del embarazo (ILE) en un hospital público.