En el marco de la sanción de la ley provincial N° 3359, que garantiza los recursos para el funcionamiento de los cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia, el vicegobernador Marcos Koopmann, impulsor de la iniciativa, recibió este jueves a referentes de asociaciones de bomberos de distintas localidades de la provincia nucleados en la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, así como a representantes del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios.
Koopmann destacó que “este es un momento histórico para todos los bomberos de nuestra provincia, un acto de estricta justicia social” y aclaró que “después de varios años de trabajo, arribamos a una norma que incorpora las respuestas necesarias a las solicitudes de los cuerpos de bomberos, buscando dar previsibilidad al funcionamiento de los cuarteles actuales y los futuros que se generen”.
En ese sentido, el vicegobernador explicó que la normativa aprobada “es también un reconocimiento al trabajo, al espíritu bomberil que hace que pongan su vida en peligro para salvar a los neuquinos y neuquinas”, y pidió disculpas “por las demoras que tuvo en salir esta ley, pero buscábamos el mejor texto, moderno y justo”, a la vez que agradeció la apertura al diálogo y el trabajo mancomunado de todos los cuarteles.
“Esta ley surgió de recorrer la provincia y escuchar a los protagonistas”, dijo Koopmann y detalló que “la normativa establece una forma voluntaria de aporte solidario de los ciudadanos a través de la boleta de luz o impuesto inmobiliario, por lo que trabajaremos en la difusión para que los vecinos sepan que pueden apoyar el trabajo de los bomberos”.
Asimismo, explicó que la iniciativa prevé que si no se llega al piso mínimo que estipulan los mismos cuarteles para su funcionamiento de 2.200.000 litros de gasoil anual, “estará presente el apoyo del Estado”. “Sabemos que hoy en Argentina es difícil generar un presupuesto en pesos por la inflación y la medida de actualización según el valor del litro de gasoil nos permite sortear esa situación”, aclaró.
Por su parte, Milton Canale, presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, expresó: “Esto no es un gasto para la provincia sino una inversión. Lo que más queríamos es que la ley permitiera que las instituciones no se desfinanciaran a futuro” y visiblemente emocionado agradeció “el compromiso de todos los sectores y la firme decisión del vicegobernador para que esta ley vea la luz”.
A su turno, el vicepresidente segundo del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Vicario, afirmó: “Este 7 de octubre va a quedar registrado como un día importante para la historia no solo para los bomberos sino para todos los ciudadanos neuquinos”, y destacó que “este proceso ha sido un ejemplo de diálogo, comunicación y voluntad política”. “Es un salto de calidad en términos legislativos”, resumió.
La norma que fue sancionada hoy por unanimidad garantiza el financiamiento a las asociaciones de bomberos voluntarios, a partir de los aportes de los particulares y del Estado provincial. De esta forma, los bomberos voluntarios desprovistos de cobertura social que tengan como mínimo seis meses de antigüedad en la asociación tendrán obra social, así como también cobertura de seguro de vida y accidentes personales. A la vez, recibirán un pago mensual como “reconocimiento por trayectoria” quienes posean 20 años de servicio activo ininterrumpidos y 55 o más años de edad, y con igual criterio, se aplicará un reconocimiento para quienes acrediten 25 años de servicio, sin límite de edad.
En su articulado, la ley reconoce el carácter de servicio público a las actividades específicas (voluntarias y gratuitas) de emergencia de los cuerpos activos de las asociaciones de bomberos voluntarios, al tiempo que especifica que, en ningún caso, se considerará la existencia de relación laboral entre sus integrantes y el Estado provincial.
En cuanto al financiamiento, la ley prevé que sus bienes, materiales y equipos devendrán de aportes de sus asociados o terceros, donaciones, legados, subvenciones, convenios con entidades públicas o privadas y de la recaudación por la realización de actividades tendientes a conservar, resguardar o ampliar su patrimonio. En tal sentido, establece la contribución voluntaria a cargo de los usuarios finales de energía eléctrica o los responsables del pago de las nomenclaturas catastrales, que deberá ser recaudada por las prestadoras del servicio eléctrico o la Dirección Provincial de Rentas a través del impuesto inmobiliario. Además, incorpora el apoyo estatal a los cuarteles que no alcancen un mínimo de ingresos por contribución ciudadana voluntaria trimestral.
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