La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) aprobó el pase al recinto del pliego de Juan Manuel Narváez Barraza, candidato a fiscal del caso para el Ministerio Público Fiscal de la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en Neuquén. Así lo votó por mayoría en la reunión de esta mañana el cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) tras entrevistar al actual asistente letrado que ganó el concurso para ascender a fiscal del caso.

Al iniciar su presentación, Narváez Barraza mencionó que, desde inicios del 2021, se desempeña como asistente letrado en la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía general, tras haber ingresado al Poder Judicial en el año 2012 y haber prestado funciones en distintos estamentos, entre ellos la Fiscalía de Homicidios y también de Delitos Sexuales.

Narváez Barraza –quien también ejerce la docencia en la Universidad Católica de Salta- definió como “inminente la posibilidad de un cambio” en cuanto a la jurisdicción del instituto del juicio por jurado popular, instaurado con la reforma del Código Procesal Penal –CCP- en el año 2014. En ese sentido, se inclinó a favor de ampliar su alcance a delitos de menor cuantía de sanción penal. Argumentó que la sociedad ya mostró estar preparada a tal fin y que fomentaría la participación ciudadana en el sistema judicial.

Rechazó, además, la posibilidad de incrementar la mayoría necesaria –llevándola a la unanimidad- para que el jurado alcance un veredicto. Comparó el procedimiento con un jurado técnico que no requiere de unanimidad sino de mayoría para dictar una sentencia y recordó que el artículo del CCP vinculado a la mayoría requerida fue legitimado oportunamente por la Corte Suprema de la Nación.

En relación al CPP, Narváez Barraza resaltó su “rotundo éxito” en especial en “el acortamiento de los casos procesales” que se traduce en una respuesta “más rápida a la sociedad, pero principalmente a la víctima”, todo ello garantizando los plazos razonables que es la garantía del imputado. Dijo que el CCP no necesita una reforma procesal pero sí una “reestructuración” de los ministerios públicos y del Colegio de jueces y juezas para avanzar en la solución de los “cuello de botella” de las causas judiciales penales. En esa línea, opinó que sería oportuno “un plan de urgencia” que eventualmente permita la realización de audiencias en el turno tarde, por ejemplo.

En otro tramo, se pronunció a favor de implementar los denominados juicios directos para delitos menores, como por ejemplo de flagrancia. En efecto, indicó que la falta de juicios podría afrontarse con la aplicación del juicio directo, y remarcó que “la regla procesal debe ser el juicio directo y la excepción la oposición de la defensa”.

A su vez, Narváez Barraza comentó que, si bien cuentan con gabinetes especializados y peritos propios del Poder Judicial, “existe la necesidad de recurrir a otros organismos para pedir informes, pericias o dictámenes que colaboren” con la investigación para reforzar la teoría acusatoria de la Fiscalía. Destacó que la Unidad de Delitos Económicos cuenta en la actualidad con un equipo técnico de dos contadoras y con vistas a incorporar especialistas en informática.

Finalmente, se refirió a la aplicación de la perspectiva de género al interior del Poder Judicial y dijo que es necesaria para alcanzar una “mirada proteccionista hacia la mujer o a diferentes géneros con los que la persona se identifique”. En ese sentido, aseguró que toda investigación debe contemplar el contexto de la víctima, su situación familiar y su historia, mientras que las sentencias judiciales deben dictarse con perspectiva de género.

El pliego obtuvo despacho por mayoría, con el acompañamiento de todos los bloques a excepción de la banca del PTS-FIT.