A pesar de que por cuarta vez en lo que va del año, la unidad fiscal de Homicidios pretendía avanzar en el control de la acusación para abrir la etapa de juicio contra P.D.L.J, a quien acusó por disparar contra un grupo de personas durante una protesta gremial en la ciudad de San Martín de los Andes, la audiencia se suspendió por la renuncia del abogado defensor.
Al inicio de la audiencia, el defensor privado comunicó su renuncia por “diferencias irreconciliables” con el imputado, e indicó que en su lugar intervendrá un representante de la defensa pública.
Previo a la nueva suspensión de la audiencia, la fiscal del caso Eugenia Titanti detalló que la fiscalía presentó el pedido para avanzar en la acusación el 29 de diciembre pasado y que en tres oportunidades se solicitó la audiencia para avanzar hacia la realización del juicio, pero por razones ajenas a la fiscalía, el control de la acusación no se concretó. “Advierto que hay un impedimento para poder avanzar en el control de acusación, pero me permito destacar que sería la cuarta suspensión que sufre este control de acusación. Vamos a requerir que se celebre lo más rápido posible, una vez que intervenga la nueva defensa”, solicitó.
El imputado está detenido en prisión preventiva desde el inicio de la investigación por existir peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La última prórroga fue por 6 meses, solicitada por la fiscalía el 8 de febrero y está próxima a vencer.
La acusación es por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (tres hechos), en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil y encubrimiento.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del 29 de julio de 2022, en las inmediaciones de la municipalidad de San Martín de los Andes. En el contexto de una protesta del gremio estatal ATE, dos facciones se enfrentaron en la vía pública. El acusado, P.D.J.L, extrajo un revólver y realizó disparos: primero contra una mujer, a la que impactó en la cadera, y luego contra dos reporteros gráficos que estaban realizando la cobertura periodística de los incidentes. A estos últimos no llegó a impactarlos, según la teoría que sostiene la fiscalía, por razones ajenas a su voluntad. Luego escapó corriendo y en esa huida, que finalmente concretó al subirse a un vehículo, arrojó el arma, aproximadamente a unos 50 metros del lugar de los disparos.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías dispuso que el imputado tiene 48 horas para designar un nuevo defensor. “Si no lo hace, se le asignará un defensor público y una vez que eso ocurra, la Oficina Judicial deberá fijar la debida audiencia de control de acusación”, informó el magistrado, en respuesta al pedido de la fiscal del caso.