La fiscal del caso Valeria Panozzo formuló cargos contra dos dirigentes barriales por haber amenazado y mantenido cautivos a representantes del gobierno provincial en el marco de una reunión de trabajo; y en otra oportunidad, a sólo una de ellas, también por haber amenazado a una funcionaria. Esta última referente de vecinos y vecinas es la misma que fue imputada, en otra audiencia, por impedir la reparación de un transformador del servicio eléctrico de la ciudad de Neuquén.
Se trata de P.C y de A.A.V, a quienes la fiscal del caso les atribuyó, el 8 de julio de 2022, haber amenazado a una funcionaria del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), cuando participaban de una reunión de trabajo para tratar problemáticas del sector. Esto ocurrió el 11 de junio de 2022, cerca de las 10:30, en el sector Trébol II, del barrio industrial de la ciudad de Neuquén.
Panozzo encuadró los hechos en el delito de amenazas simples (artículos 149 bis y 45 del Código Penal).
Por otro lado, la representante del Ministerio Público Fiscal formuló cargos a P.C por lo ocurrido en otro encuentro con funcionarios del Poder Ejecutivo provincial. Fue el 8 de julio de 2022, cuando un representante del IPVU y uno de la subsecretaría de Seguridad acudieron al barrio a partir de un corte que los vecinos realizaron en un tramo de la Ruta Provincial N°7. “En un momento, al no obtener la repuesta que buscaba, P.C comenzó a llamar a otros vecinos para que ingresaran a la reunión, y amenazó al funcionario para que firmara documentación”, relató Panozzo, quien detalló que esa situación se extendió de las 14 a las 21 horas, cuando se le permitió salir del lugar en el que se desarrollaba la reunión.
En este caso, la formulación de cargos encuadró en los delitos de privación ilegal de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas, en carácter de coautora (artículos 141, 149 bis, tercer párrafo, y 45 del Código Penal).
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías que dirigió ambas audiencias tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de la investigación en 4 meses. La fiscal adelantó que, si bien no se requieren nuevas medidas de investigación, ese tiempo se utilizará para buscar una solución conjunta a todas las imputaciones. Se incluye también la imputación que pesa solo contra P.C y que tiene que ver con haber impedido la reparación de un transformador de la cooperativa eléctrica de la ciudad.