La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) retomó hoy el tratamiento del proyecto que habilita la reelección por un periodo más de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La medida cosechó posicionamientos a favor y en contra con argumentos vinculados a la pertinencia, la independencia de poderes y el momento político. En otro orden, el cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) emitió despacho unánime al proyecto que instituye por ley el procedimiento de consulta previa a comunidades indígenas, e hizo lo propio con el presupuesto del Poder Judicial y la reforma fiscal.
Al referirse a la propuesta para habilitar la reelección de la presidencia del TSJ -elevada por la titular actual Soledad Gennari-, Caparroz dijo que se trata de una cuestión administrativa de organización interna del Tribunal que, según expresó, cuenta con el aval de la mayoría de los vocales, expresados en acuerdo. Mencionó que Tribunales de otras jurisdicciones contemplan la posibilidad de reelección de sus autoridades y no descartó la convocatoria a autoridades del máximo órgano judicial para una próxima reunión, tras la intervención de diputados y diputadas del arco opositor que cuestionaron la iniciativa y solicitaron la participación de las vocalías en la comisión.
En esa línea se expresó también el diputado Sergio Fernández Novoa (FdT) quien remarcó que el TSJ “desde su autonomía, resuelve con acuerdos” y advirtió que la actual composición legislativa debe votar, a favor o en contra, toda propuesta elevada hasta el fin del mandato.
Al cuestionar la iniciativa, Darío Peralta (FdT) sostuvo que aprobarla, a días de la asunción del nuevo titular, equivale a “correr el arco de la cancha antes de iniciar el partido”. Advirtió que “no es conveniente” y adelantó que no acompañará la medida “si no es charlado con los actores involucrados”.

En similar sentido se pronunció su compañera de banca, Soledad Salaburu, quien refirió a “la resistencia” que implicó la propuesta al interior del Poder Judicial y criticó además “la urgencia” del tratamiento a diferencia de otros proyectos como la declaración en la Emergencia en violencia de género que requieren de celeridad parlamentaria. “Políticamente no corresponde votarlo este año”, concluyó la diputada.
Desde JC, César Gass pidió la presencia de la actual conducción del Tribunal, a cargo de Gennari, para que explique los motivos del cambio sugerido y adelantó que no definió aún una postura al respecto.
A su turno, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) rechazó el proyecto y lamentó que las autoridades del TSJ no hayan asistido a la comisión al momento de tratar este proyecto y el presupuesto del próximo año, en tanto requieren de respuestas “políticas”.
El tema permanecerá en comisión bajo la consideración de las autoridades de convocar a la titular del TSJ para una próxima reunión.
En otro orden, el cuerpo emitió despacho por unanimidad al proyecto que establece la consulta previa, libre e informada ante ciertas medidas administrativas a adoptar que puedan afectar intereses de comunidades indígenas con personería jurídica reconocida por la Autoridad de Aplicación. La aprobación fue presenciada por el lonko Jorge Nahuel e integrantes de la Confederación Mapuche.
Según expresó Caparroz, se trata de un acuerdo entre distintas comunidades y el Ejecutivo para que “quede refrendado a futuro el decreto –vigente- en una ley” y explicó que se agregó al Poder Legislativo también como órgano consultor.
Desde el FdT, Mariano Mansilla dijo que se trata de un “proceso que tuvo como protagonista al pueblo mapuche y su lucha”, mientras que Soledad Martínez asemejó el proceso a los Convenios Colectivos de Trabajo, en tanto acuerdo “en una dinámica propia” entre partes y recordó que reconocimiento con jerarquía constitucional del convenio 169 de la OIT en la materia que enmarca lo dispuesto por el texto de la ley.
Al inicio de la reunión, el pleno emitió despacho por mayoría, con el único voto disidente de la banca del PTS-FIT, al presupuesto del Poder Judicial, el hizo lo propio con la reforma del Código Fiscal. Ambos despachos continuarán su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) de esta tarde.
Además, en la reunión de esta mañana, el cuerpo emitió despacho unánime al proyecto que modifica la ley laboral a fin de incluir el domicilio del trabajador demandante para permitirle la opción de litigar ante el juez de su domicilio real.
Estuvieron presentes Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, César Gass, Mariano Mansilla, Andrés Peressini, Carlos Coggiola, Darío Peralta, Liliana Murisi, Andrés Blanco, Sergio Fernández Novoa, Ludmila Gaitán, Karina Montecinos, Carlos Sánchez, Soledad Martínez y Soledad Salaburu.