Se reunieron integrantes de las áreas de Educación de la provincia con el Comité contra la Tortura local. Unas de las iniciativas tratadas fue la del acceso a las becas Gregorio Álvarez para que personas privadas de su libertad puedan estudiar.
La ministra de Educación, Soledad Martínez, encabezó este viernes una reunión con integrantes del Comité provincial contra la Tortura, con el objetivo de acordar distintas líneas de acción tendientes a garantizar el acceso a la educación en contextos de encierro.
También participaron la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi; el director y el coordinador de la modalidad Educación en Contextos de Encierro, Hugo Crljenko y Gabriel Reyes; y Estefanía Buamscha, Pablo Meuli, Silvia Couyoupetrou, Néstor Giménez y Pablo Scatizza de parte del Comité.
El gobierno provincial anunció la planificación de una acción de trabajo para que el programa provincial de becas Gregorio Álvarez llegue a personas que viven en contexto de encierro, con el objetivo puesto en fortalecer la educación en las cárceles. Para ello se está trabajando en las condiciones en que podrá otorgarse este beneficio.
Desde el Comité plantearon la necesidad de dar respuestas a las demandas edilicias en algunas cárceles de la provincia para el dictado de clases, por lo que desde la cartera educativa se mencionaron posibles alternativas para garantizar el acceso al cursado, como trailers y otros espacios.

En este punto, la ministra especificó que la gestión tendrá un carácter temporal, ya que “en el marco de la emergencia carcelaria dispuesta por la justicia a la que hizo referencia el gobernador al momento de asumir, vamos a trabajar sobre los requerimientos más urgentes que tiene esta población para brindar una solución definitiva”. Adelantó que se tomarán aspectos vinculados al acceso de herramientas informáticas, mejoramiento de espacios, sanitarios y todo aquello que prevén las normativas vigentes.
Otro de los temas expuestos fue la necesidad de afianzar la perspectiva de derechos humanos en la formación profesional de los agentes policiales, a fin de garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad. Desde el área educativa explicaron que será un trabajo abordado de manera mancomunada y en el corto plazo con el ministerio de Seguridad. A esta temática se sumarán las posibilidades de extensión de las franjas horarias del dictado de clases, y actividades educativas durante los recesos de invierno y verano.
Por último, desde el Comité de la Tortura destacaron el “interés legítimo para consolidar la mesa de trabajo entre el ministerio de Educación, de Seguridad y el Comité” a fin de avanzar en distintos puntos de acción para garantizar la educación en las unidades penitenciarias.