El gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia penitenciaria por un lapso de tres años. La medida es prorrogable por un período de tiempo similar y faculta al Ejecutivo provincial a poder realizar operaciones de crédito público por hasta 50 millones de dólares y realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias para poder afrontar las demandas que requiera la emergencia.

De igual modo, el Estado también podrá realizar contrataciones directas para la adquisición y pago de bienes, servicios, obras de infraestructura e insumos para afrontar la situación actual en que se encuentra el sistema penitenciario.

Al respecto, instituye al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación, organismo que deberá elevar en forma cuatrimestral un informe a la Legislatura provincial en el cual se detallen las acciones ejecutadas a la fecha.  

En ese sentido, advierte en sus fundamentos que en la actualidad el número de internos excede ampliamente la capacidad instalada, que sólo puede albergar a cerca de 443 personas privadas de la libertad.

La iniciativa sostiene que esta cifra no se corresponde con la realidad que presenta la provincia, con un total de 540 internos condenados alojados en las unidades de la capital y 90 alojados en las comisarías del área capital, de los cuales 63 se corresponden con internos procesados y los otros 27 en calidad de condenados.

Respecto a las obras, asegura que la declaración de emergencia abarca la construcción de módulos de alojamiento, talleres, escuelas y áreas de seguridad completas, así como también un plan integral de ampliación penitenciaria.

Recuerda también que todas las medidas permiten dar cumplimento a los Pactos internacionales, Constitución Nacional, ley 24.660, Constitución Provincial sobre el tratamiento de las personas a disposición de la Justicia.

El proyecto (16412) ingresó por Mesa de Entradas el 14 de febrero.