El fiscal del caso Juan Narvaez y la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Económicos, Agustina Jara, formularon cargos hoy a un varón de 23 años por haber transferido dinero desde cajeros automáticos utilizando tarjetas de débito que previamente habían sido clonadas.
El imputado es T.A.S, quien fue detenido el 28 de febrero en Comodoro Rivadavia, en un operativo llevado adelante por las Policías provinciales de Neuquén y de Chubut. Según precisó el fiscal Narvaez, el acusado, quien es oriundo de la ciudad de Rosario, reiteró la maniobra en distintas provincias e incluso llegó a la audiencia realizada hoy en Neuquén a partir de una extradición, luego de ser acusado en Chubut por los hechos cometidos allí.
La teoría del caso de la fiscalía es que T.A.S llegó a Neuquén y el 22 de febrero cometió un total de 14 maniobras que consistían en presentarse en un cajero automático, ingresar las tarjetas clonadas y, una vez habilitada la opción, transferir dinero. Logró concretar las operaciones en cuatro casos, generando un perjuicio total de $2.874.600. En los restantes, el fiscal explicó que no logró su objetivo “por razones ajenas a su voluntad”, dado que las tarjetas habían sido dadas de baja o a no funcionaron las claves de acceso.
Narvaez detalló que el acusado fue registrado por las cámaras de seguridad, donde se constataron señas particulares que permitieron identificarlo: un tatuaje visible en la nuca, el color y el corte de pelo y algunas prendas de vestir.
El fiscal encuadró la conducta que atribuyó al imputado en el delito de defraudación especial por uso no autorizado de tarjeta de débito, cuatro hechos consumados y diez en grado de tentativa, todos en concurso real y en carácter de coautor (artículos 173, inciso 15; 45 y 42 del Código Penal).
Respecto de la coautoría del delito, argumentó que la presunción de la fiscalía es que el imputado forma parte de una organización mayor, que le brindó respaldo y le permitió movilizarse entre provincias.
Tras formular cargos, Narvaez sostuvo que existe riesgo de fuga y solicitó la imposición de 6 meses de prisión preventiva, pero también pidió una medida cautelar adicional: el dictado de una inhibición general de bienes por el total del perjuicio demostrado, con el objetivo de preservar el patrimonio del acusado en caso que las víctimas puedan reclamar una reparación.
Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar a la formulación de cargos, dictó la inhibición general de bienes y fijó el plazo de investigación y el de la prisión preventiva por 4 meses.