Un tribunal de impugnación frenó el avance del recurso que presentó el fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, para revisar la situación de dos nuevos acusados en la investigación por contaminación por el uso y la disposición de transformadores con PCB: declaró inadmisible el intento de la fiscalía y confirmó la decisión de una jueza de garantías, quien rechazó las formulaciones de cargos a un concejal de Plottier y a un empleado de la cooperativa eléctrica a cargo del servicio en la localidad.
La teoría de la fiscalía es que entre 2014 y los primeros días de mayo de 2023, la entidad mantuvo colocados dos transformadores con PCB, que según los registros administrativos, contenían una concentración superior a la que se permitió hasta 2010, cuando se prohibió por completo el uso del refrigerante. Además, en el marco de la investigación, en un predio de la cooperativa se halló enterrado un bloque de hormigón elaborado de aproximadamente 2 metros de alto, 3 metros de largo y 1 metro de ancho que contenía tres transformadores.
Cepo
Tras la audiencia, Breide Obeid explicó en declaraciones radiales a LU5 que “la formulación de cargos es la oportunidad que tiene la fiscalía para avisarle al imputado que lo va a investigar” y que es el momento en que “empieza la investigación”. “Ya no es un tema de que vamos a un juicio y absuelven a un imputado porque hay un desconocimiento de derecho ambiental por parte de los jueces, sino que nos están poniendo un cepo a la investigación”, agregó.
En la causa aún hay dos acusados a los que se les aceptó la formulación de cargos en dos momentos: el primero fue, H.C.P, miembro titular del consejo de administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, a quien el 18 de mayo de 2023 se le imputó el delito de contaminación peligrosa para la salud pública, en calidad de coautor (artículo 57 y 55 de la Ley 24.051, con remisión al artículo 200 y 45 del Código Penal). Luego, el 20 de diciembre pasado, la unidad fiscal de Delitos Ambientales le imputó al exsubsecretario de Ambiente de la Provincia, Juan de Dios Lucchelli, el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de autor (artículos 248 y 45 del Código Penal), por no haber ejercido las tareas de control durante su período al frente del organismo provincial.
En el marco de la misma investigación y sobre los mismos hechos, el 28 de febrero la fiscalía de Delitos Ambientales intentó formular cargos a dos nuevos imputados: el actual concejal Sergio Luis Soto, quien al momento de los hechos investigados ocupaba la presidencia de la cooperativa; y a M.D.F.A, jefe de capataces de la entidad. Sin embargo, la jueza de garantías Natalia Pelosso rechazó los cargos por considerar, entre otras razones, que era necesario profundizar la investigación.
Integrado por los jueces Federico Sommer, Liliana Deiub y Nazareno Eulogio, el tribunal de impugnación confirmó ayer la decisión de la jueza de garantías.