La Cámara adhirió hoy a la ley nacional de Promoción de la Economía del Conocimiento. Lo hizo al aprobar, en general y por amplia mayoría, la propuesta que implica, además, la creación del régimen provincial en la materia, con exenciones impositivas a actividades económicas que implementan el uso del conocimiento y la digitalización de la información con avances de la ciencia y las tecnologías. Se trata de una de las iniciativas que componen el paquete de proyectos presentados por el gobernador Omar Gutiérrez el pasado 1° de marzo, al inaugurar el actual período legislativo.
La norma crea el “Registro de Beneficiarios para el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, quienes podrán obtener una reducción de alícuota de hasta un 100% de Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos para todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de las actividades económicas promovidas, según los parámetros establecidos en la reglamentación de la norma, a cargo el COPADE en tanto autoridad de aplicación de la ley.

El articulado de la ley detalla una serie de requisitos que las empresas deberán cumplimentar para revalidar la condición de beneficiarios, como mantener o incrementar la misma cantidad de personal que al momento de la inscripción al Registro y cumplir con las obligaciones fiscales, entre otros.
La normativa fue aprobada por mayoría con 26 votos favorables y tres en contra de la diputada Soledad Martínez (FT) y los diputados Darío Peralta (FT) y Andrés Blanco (PTS-FIT).
Al actuar como miembro informante, la diputada Lorena Abdala (MPN) explicó que con la iniciativa no sólo se busca adherir a la Ley nacional 27.506 “sino que también se pensó en integrar un Régimen provincial que mejore las condiciones y beneficios que la ley nacional ya establece para el sector, agregando otros que flexibilizan los requisitos y agregan nuevos beneficios fiscales de impuestos provinciales”.
Los beneficiarios directos de la norma serán la industria del software; producciones audiovisuales; biotecnología; servicios geológicos y de prospección; servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones; servicios profesionales; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital o tecnología espaciales.
Por la negativa se pronunció Andrés Blanco (PTS-FIT), quien aseguró que se trata de una “ley hecha a medida” para grandes empresarios y desarrolladores de la industria del software. “Proveerá de enormes ganancias a sectores privados que, en general y como siempre, no pierden un solo peso”, sentenció Blanco.
Desde el FT, Sergio Fernández Novoa justificó el voto favorable, pero hizo reparos al articulado que deja a disposición de la autoridad de aplicación –Ministerio de Producción- la determinación de los rubros y futuros beneficiarios de la ley.