La comisión de Asuntos Constitucionales aprobó la creación del Fondo Neuquino para la Vivienda (FNV). Así lo definió hoy por la mañana al votar por amplia mayoría el despacho que genera una herramienta financiera para desarrollar soluciones habitacionales a partir de aportes del Estado provincial y de recursos provenientes del recupero de fondos que lleve adelante el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Al hablar sobre la iniciativa, Matías Martínez (Comunidad), recordó que de las 60 mil viviendas que el Estado provincial otorgó oportunamente, aún falta cancelar –por diversos motivos- cerca del 80%, es decir 47 mil unidades habitacionales. En ese sentido, observó que el Ejecutivo trabaja para recuperar esos fondos y poder destinarlos a la financiación de nuevos proyectos habitacionales.
Aseguró que, además de los recursos recuperados, el Estado aportará una suma equivalente de fondos y que otra posibilidad de generar financiamiento se habilita a través de convenios que se lleven adelante tanto con privado como con organismos nacionales e internacionales involucrados en la materia.

Cabe destacar que el FNV funcionará bajo la órbita de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), institución que implementará los canales de financiamiento necesarios para construcción, reparación y refacción de viviendas y obras de infraestructura. Para ello, la normativa dispone en su artículo 3° la posibilidad de acceder a tasas de créditos hipotecarios subsidiadas a través de entidades bancarias públicas o privadas.
En otro orden, el cuerpo votó por unanimidad el acuerdo salarial para el personal del Poder Judicial y una iniciativa para que las apelaciones a las sanciones que aplica Protección al Consumidor se deriven directamente al fuero civil y se evite su tramitación inicial a través de un instancia administrativa.

Los legisladores y legisladoras aprobaron el despacho luego de escuchar a Pablo Tomasini, director provincial de Protección al Consumidor y al director de Asuntos Jurídicos del organismo, Marcos Spina.
En su intervención, Tomasini explicó que la medida alcanza a todas las normativas que afectan al consumidor y que fueron sancionadas en forma posterior a la ley 2268, que adhiere a la ley nacional de Defensa al Consumidor. Alertó que el cambio va a permitir que se evite la vía administrativa como instancia inicial para que las empresas puedan apelar las sanciones impuestas y recordó que la dilación por este tipo de circuito puede llegar a ser de un año, para que luego el trámite continúe en un tribunal civil, que es la que debe resolver en la materia.

Añadió también que todas las nuevas normativas que se sancionen en la materia tendrán que incorporar un artículo similar y, puso como ejemplo, la ley que obliga a supermercados y establecimientos de grandes dimensiones a publicar a través de un código QR el listado de precios de la canasta básica de alimentos, iniciativa que ya contempla esta derivación.

Al finalizar la reunión, el cuerpo decidió enviar por nota de presidencia una consulta al Tribunal Superior de Justicia y a los colegios de Abogados para conocer su opinión respecto al proyecto que actualiza por IUS los intereses que los profesionales del derecho deben cobrar por la dilación en sus honorarios.