La Cámara aprobó hoy, en general, la creación del ministerio de Planificación y el recupero para el cobro de viviendas del IPVU. Lo hizo hoy en la 23° sesión ordinaria, al tratar en general ambas leyes, ocasión en la que además se pronunció en contra de un posible veto presidencial a la ley de financiamiento universitario al sancionar la comunicación 265.

La creación del nuevo ministerio de “Planificación, Innovación y Modernización” presentado ayer por el gobernador Rolando Figueroa fue aprobado sobre tablas por mayoría, con los únicos votos negativos de las bancas del PTS-FIT-U y FIT.

El diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) justificó la ampliación de la estructura de gabinete al señalar que se trata de una “herramienta”, de un formato de organización de una estructura de gobierno para poder agilizar los procesos que aportan soluciones a una ciudadanía que exige mayor poder de respuesta y desburocratizar la acción estatal.

Novoa reivindicó la necesidad de incorporar parámetros de regionalización y de planeamiento a largo plazo y aseguró que la decisión de realizar una reestructuración ministerial a diez meses del inicio del gobierno provincial responde a la proximidad del tratamiento del presupuesto 2025, iniciativa que la Legislatura deberá analizar en las futuras reuniones del cuerpo.

Desde las bancas de izquierda cuestionaron tanto la celeridad del tratamiento del proyecto como la creación de una nueva estructura que, aseguraron, no contribuirá a mejorar la eficiencia del Estado.

Recupero habitacional:

En otro orden, el pleno aprobó -también en general- el programa de Sostenibilidad Habitacional que crea un plan de regularización dominial para quienes ocupen viviendas sin autorización por parte del IPVU. La norma contempla una serie de requisitos para acceder al plan, instancias de refinanciamiento, plazos para regularizar deuda, planes de cuota, límites a las tasas de interés y prohibiciones para acceder a un nuevo plan, entre otros puntos.

La medida fue aprobada por mayoría, con 24 votos positivos aportados por todos los bloques, a excepción de las cinco bancas del PTS-FIT, FIT y UxP que lo hicieron en contra.

Al actuar como miembro informante, el diputado Claudio Domínguez (MPN) indicó que la normativa contempla todas variantes y aspectos que pueden ocasionar problemas al momento de querer regularizar la situación dominial del inmueble otorgado. En ese sentido, especificó que si un adjudicatario no habita la vivienda a la que accedió, no podrá formar parte de un nuevo plan de viviendas, salvo que evidencie una instancia de divorcio o disolución convivencial, en la cual quede constancia que el inmueble le pertenece a la otra parte.

Al respecto, el legislador hizo mención a la adjudicación en venta y a las distintas instancias de financiamiento de las cuotas adeudadas. Sobre este punto, indicó que la instancia aplica sólo cuando ambas partes se encuentran en regla, tanto el adjudicatario como el ADUS o el IPVU.

Puntualizó que para el caso del ADUS, el beneficiario deberá regularizar su deuda y pagar los intereses punitorios del caso. Así lo indicó por tratarse de un crédito que en su momento se otorgó a través de una entidad bancaria. En tanto, si la mora es a partir de un plan de cuotas con el IPVU, el saldo pendiente se refinanciará según el valor de mercado de la vivienda y a una tasa que no podrá superar la que otorgue  el Banco Provincial de Neuquén.

Al hacer referencia a los nuevos planes de vivienda, Domínguez adelantó que se otorgaran a partir de 240 cuotas en pesos, cuyo valor no podrá superar el 30% del ingreso familiar del adjudicatario y que, en caso de mora, tomará como referencia a la tasa de interés que otorgue el BPN. Añadió que en ningún caso, los morosos podrán ser proveedores o contratistas del Estado.  

En otro tramo, hizo mención a la problemática de las mensuras al momento de tasar el valor de las viviendas. “Si falta la mensura, el ADUS-IPVU no pueden fijar el valor de la vivienda y se genera inseguridad jurídica”, apuntó el legislador para indicar que la normativa le impone un plazo de dos años a ambos organismo para establecer dicho monto y que no podrán otorgar escrituras hasta que el respectivo Consejo Deliberante no apruebe las mensuras correspondientes. “Así se evita la posibilidad de que se le inicie un juicio al Estado”, afirmó Domínguez.  

A su turno, Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) celebró la medida tras informar que, “por el Estado bobo”, la cuota más alta de un plan de vivienda en la actualidad es de 2600 pesos, con un promedio de mil pesos por plan. “Se necesitan cien cuotas para construir un metro cuadrado” ejemplificó tras pedir por una “ley complemento para habilitar el otorgamiento de mensuras” y poder avanzar así en los posteriores procesos de escrituración mediante un nuevo marco normativo.

En similar sentido se expresó Francisco Lepore (Avanzar) quien también se pronunció a favor de debatir una “ley de emergencia de mensuras” en el futuro. En ese marco, dijo que la regularización dominial constituye “una herramienta importante para discutir con sinceridad en materia de viviendas” a la que calificó de “primer paso”. El diputado se refirió al “círculo vicioso” devenido de la falta de mensuras, de escrituras o de factibilidad de servicios que impidieron la correspondiente regularización dominial.

En contra votó el bloque de Unión por la Patria al señalar que la medida no representa una verdadera política habitacional, según indicó el diputado Darío Martínez. Si bien se inclinó a favor de regular las adjudicaciones, dijo que el gobierno presentó la iniciativa como una solución habitacional pero, aseguró el legislador, no lo es. “No puede ser esta la principal herramienta o el castigo para quien no pueda pagar”, sintetizó el legislador, quien criticó -además- que se ejecutaron menos de la mitad de las partidas presupuestarias destinadas a viviendas.

Por el FIT, Gabriela Suppicich votó en contra tras cuestionar que la medida persigue un fin recaudatorio y no constituye una política habitacional. Dijo que “es una barbaridad” que por el atraso de tres cuotas consecutivas se habilite la rescisión contractual y caducidad de la adjudicación en venta. Desde la banca PTS-FIT-U, Andrés Blanco también votó en contra al compartir los argumentos de su par del FIT.