El fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó hoy la acusación con el juez Sebastián Andrés Villegas, por supuesto mal desempeño en sus funciones mientras estuvo a cargo del juzgado de Rincón de los Sauces.
La acusación la efectuó en la Legislatura, ante los y las integrantes del jurado de enjuiciamiento: los vocales Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe y Germán Busamia; los diputados provinciales María Laura Du Plessis (MPN) y Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos); y los abogados Nicolás Lupetrone y Simón Julio César Hadad.
Vignaroli planteó que el magistrado, que estaba a cargo del juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Rincón de los Sauces, acosó a una funcionaria judicial que ingresó al trabajar al juzgado -en 2017-, conducta que luego se transformó en persecución laboral -hasta 2019-.
“Sus actos se cometieron desde una posicion de asimetría y contra una mujer que estaba recien ingresada en el Poder Judicial”, sostuvo Vignaroli. “Todas las conductas que vamos a intentar acreditar, fueron en clara violación de la legislacion que exige una conducta reprochable (al magistrado), y a todas las convenciones que buscan proteger a las mujeres de la violencia de género”, especificó. Y destacó que la conducta del juez “implicó violencia de género contra una mujer”.
Mencionó además que, a través de los testimonios de los y las testigos que declararán en el jury, se podrá advertir “sobre todo las consecuencias que le trajo a la funcionara judicial el haber sufrido estos actos. Porque cuando ella ganó el concurso, de acuerdo al informe preocupacional, no padecía ningun tipo de patoologia psicológica, psiquiátrica ni física”.
El desarrollo del jury está previsto hasta el jueves próximo, con las declaraciones de alrededor de 30 testigos.
El fiscal jefe, quien interviene en la acusación junto con las funcionarias del organismo Soledad Melken y Cecilia López Haelterman, adelantó que pedirá la destitución del juez.
En tanto la defensa del magistrado, sostuvo que solicitará la absolución.
De acuerdo a la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, el mal desempeño se materializa cuando “la conducta de un magistrado luego de su nombramiento pone de manifiesto que carece o ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo. Sobre la base de su actuación previa se juzga la idoneidad actual o futura para continuar desempeñándose en el cargo público que le han confiado”. En este sentido, “la buena conducta que se exige a los magistrados abarca la entera actuación, dentro y fuera del tribunal, y excede el ámbito de las normas jurídicas para abarcar también el que es propio de los principios y normas éticas”. Del magistrado se pretende “una conducta ejemplar de cara a la sociedad que le confía tan delicada tarea como es la de administración de justicia”.