El titular de la Fiscalía Federal de San Francisco también recibió como pena la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de seis millones de pesos. Viaut fue condenado junto a un empleado de la dependencia a su cargo y a otras tres personas por cobrar sobornos para frenar investigaciones y ejercer su influencia para intervenir en causas en curso en la justicia ordinaria.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba condenó ayer a cinco años de prisión al fiscal Luis Viaut por los delitos de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas. El titular de la Fiscalía Federal de San Francisco fue hallado culpable de cobrar sobornos para frenar investigaciones y ejercer su influencia para intervenir en causas de la justicia ordinaria junto a un empleado de la dependencia a su cargo y otras tres personas más. Viaut también recibió como pena una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de seis millones de pesos. En el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el titular de la Fiscalía Nº 2 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, Carlos Gonella, y la fiscal de primera instancia de Villa María, María Marta Schianni. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el martes 3 de mayo.
Durante el juicio, todos los demás imputados reconocieron su participación en los hechos por los que fueron llevados a juicio durante las primeras audiencias de debate. Darío Rivarola, empleado de la fiscalía que Viaut tenía a su cargo, también fue condenado como coautor de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas, pero con una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua y una multa de cuatro millones de pesos. Gerardo Panero y Walter Gustavo Fattore fueron señalados como partícipes secundarios de tráfico de influencias, por lo que recibieron seis meses de prisión condicional y multa de dos millones de pesos, mientras que en el caso de Víctor Brugnoni, acusado de ser autor del delito de cohecho activo, la pena fue de dos años de prisión, también de ejecución condicional. Además, a todos ellos se los obligó a fijar residencia, notificar cambios de domicilio y comparecer con frecuencia ante el tribunal, no cometer nuevos delitos, someterse a la supervisión de un patronato y realizar trabajos no remunerados por el plazo de un año.
Los cinco condenados habían llegado a juicio por dos hechos. En el primero de ellos, en el marco de una investigación de la fiscalía a su cargo, Viaut, mediante Rivarola, solicitó 2,5 millones de pesos al gerente y al presidente de la cooperativa tambera Las Cañitas de la localidad de El Tío para “cajonear” la investigación y frenar procedimientos de inminente realización. En el segundo hecho, Brugnoni se contactó con Rivarola por medio de Fattore, Paneo y Viaut, a quienes solicitó que ejercieran influencias sobre funcionarios que llevaban la investigación por delitos sexuales contra su hijo. Brugnoni ofreció la suma de 250 mil dólares, de los cuales llegó a pagar 17.100.
Los alegatos:
Durante su alegato el 21 de abril pasado, la fiscalía consideró que Viaut “se abusó de su función pública y de su posición de poder”, así como también “afectó a la Cooperativa Las Cañitas y a la comunidad de El Tío; defraudó las expectativas derivadas de su rol, a su familia, amigos, colegas, superiores y al sistema de justicia en general”. Respecto de su comportamiento posterior al hecho, Gonella y Schianni consideraron que Viaut “desarrolló una estrategia de prensa dirigida a desprestigiar a la colega que instruyó impecablemente la causa, una magistrada valiente y comprometida a la que cosificó tratando de enchastrarla en una supuesta conspiración en su contra”. Resaltaron luego que su formación jurídica y su experiencia en la función “le proporcionaron suficientes elementos como para motivarse de acuerdo a la norma y decidió violarla, lo que justifica un reproche más intenso”.
Por este motivo, los fiscales solicitaron para Viaut una condena de siete años de prisión, una multa de tres veces el monto de la exacción, por un total de 51.300 dólares. También requirieron su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso del dinero secuestrado durante los allanamientos ordenados en la causa para que sean destinados a clubes y fundaciones de las localidades de El Tío y San Francisco, como también al Centro Comunitario Integrador La Virgencita, y al merendero La Amistad, ambos ubicados en San Francisco-Frontera.
*Fuente de Información: Fiscales.gob.ar
