A partir de la acusación y la investigación dirigida por el fiscal del caso de Villa La Angostura, Adrián De Lillo, un hombre fue declarado responsable por el homicidio de Pablo Andrés García, ocurrido durante la mañana del 6 de enero de este año.
La declaración de responsabilidad fue a partir de un acuerdo de partes, resuelto en una audiencia pública con la asistencia de familiares de la víctima y en la que el ahora condenado, Francis Isaac Rodríguez, asumió ser el autor del homicidio. La determinación de la pena se debatirá en una nueva audiencia, que deberá ser fijada por la Oficina Judicial en las próximas semanas.
Al momento de presentar el acuerdo, De Lillo detalló al que el hecho ocurrió entre las 9 y las 10:30 del 6 de enero. El acusado, Francis Isaac Rodríguez, se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con un joven menor de 18 años y con García, en el patio delantero del domicilio de este último, en un barrio de Villa La Angostura. En ese contexto comenzó una discusión, que se trasladó a la calle. Allí, F.I.R sacó un cuchillo y se lo clavó en el abdomen a García, quien también portaba un arma blanca. La víctima intentó escapar en dirección a su vivienda, y en ese trayecto F.I.R volvió a provocarle dos lesiones más en la zona de la espalda con el cuchillo. García llegó a ingresar a la casa, donde finalmente murió.
Tal como había encuadrado el hecho el fiscal del caso al momento de la formulación de cargos, el acuerdo confirmó la calificación de homicidio simple, en calidad de autor (artículos 45 y 79 del Código Penal).
Previo a confirmar la aceptación del acuerdo, el abogado defensor de García sostuvo que el origen de la pelea que derivó en el homicidio estaba relacionado con una supuesta actividad de venta de drogas por parte de la víctima, actividad que, afirmó, continuaría realizándose en el domicilio en el que ocurrió el crimen.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Pablo Balderrama le indicó a la Oficina Judicial que comunique a la policía local y a la fiscalía federal lo informado por el abogado defensor, para que determinen la intervención que corresponda. La orden del magistrado tiene que ver con que son esos organismos públicos los encargados de investigar y resolver sobre los delitos relacionados con la comercialización de drogas.