A partir de la acusación de la fiscal del caso Gabriela Macaya, un tribunal colegiado declaró por unanimidad la responsabilidad penal de un hombre por abusar sexualmente de una niña perteneciente a su entorno familiar. La jueza y los dos jueces que intervinieron en el juicio adoptaron la misma resolución respecto de una mujer, a la que la fiscalía había acusado por haber prestado colaboración para que el acusado concretara los abusos.
El juicio se desarrolló la semana pasada en Cutral Co y la fiscal del caso intervino junto al asistente letrado Federico Cuneo.
De acuerdo con la resolución del tribunal informada hoy al mediodía, la fiscalía logró probar que la niña fue sometida reiterados ataques contra su integridad sexual entre 2020 y 2022.
La teoría fiscal que se confirmó durante el juicio es que O.D.C.C fue el autor de esos abusos y que los cometió en un pequeño departamento en el que convivía con una mujer y con la víctima. Como consecuencia de esas agresiones, en una oportunidad la niña fue llevada por la mujer, S.I.T, a la guardia del hospital local, desde donde fue derivada a una clínica privada de Neuquén y en donde, dada la gravedad de las heridas que presentaba, debió ser operada.
Luego de cinco jornadas de juicio, con prueba científica “concluyente y determinante”, el tribunal descartó que las lesiones se hubieran producido por un accidente, como propuso la defensa.
Tras un cuarto intermedio, el tribunal comunicó hoy el veredicto, mediante el que declaró responsable a O.D.C.C por el delito de abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor, agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años, en modalidad continuada y en concurso ideal con corrupción de menores. La mujer fue condenada como cooperadora de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia preexistente y por el vínculo, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores.
Además, el tribunal los halló responsables por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal.
Los nombres de las personas condenadas se preservan para resguardar la intimidad de la víctima.