Luego del plazo legal de 48 horas, la jueza Carina Álvarez homologó cinco de los ocho acuerdos que impulsó la unidad fiscal de Delitos Económicos para imponer las primeras condenas por las estafas con planes sociales.
Por otra parte, la magistrada rechazó el procedimiento abreviado que presentaron el fiscal del caso Juan Narvaez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli respecto de otras tres personas acusadas, V.H, R.L. y A.A.M.L, por lo que en esos casos, el trámite continuará su curso hacia el juicio. En principio, la fiscalía no impugnará la resolución.
Además, la jueza rechazó un pedido de sobreseimiento de la defensa de A.O.K, otro de los imputados en la investigación.
Las cinco condenas son por 3 años de prisión condicional, reglas de conducta y trabajos comunitarios no remunerados, comprende a ex empleados del ministerio de Desarrollo Social y particulares que cumplieron niveles de baja responsabilidad en la maniobra. Los acuerdos fueron por el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal).
Las personas condenadas hoy son Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea. Aceptaron haber integrado la asociación ilícita con tareas de menor relevancia, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados Néstor Pablo Sanz o Marcos Ariel Osuna, quienes lo rendían a Ricardo Soiza. Sólo uno de estos imputados desplegó otro tipo de conducta, al haber cobrado el alquiler de autos por fuera de lo que indica la ley de administración financiera y mediante cheques que se nutrían del dinero destinado al subsidio por desempleo.
En forma previa, por aplicación de un criterio de oportunidad, la fiscalía había pedido el sobreseimiento de otras 6 personas que tuvieron participaciones menores en las estafas pero que, además, aportaron información necesaria para la investigación. La resolución que prevé el Código Procesal Penal de Neuquén permitirá que esas personas sean testigos en el juicio a quienes ocuparon los niveles superiores en la pirámide de responsabilidades dentro de la organización.
La investigación:
La teoría del caso de la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
La investigación se centró en el período que va desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022, y se delimitaron roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel. En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.