El legislador Andrés Blanco (PTS-FIT) y la diputada Blanca López (FIT) presentaron un proyecto de resolución conocer el procedimiento sumarial que desde hace 8 años aplica el Consejo Provincial de Educación sobre las y los docentes de los diferentes niveles educativos, y si el mismo vulnera derechos consignados en el estatuto gremial.
Al respecto, la iniciativa solicita conocer la cantidad de sumarios efectuados, si se aplicó un protocolo determinado durante el proceso y saber el número de procedimientos iniciados que no incluyeron la apertura de una instancia investigativa.
De igual modo, consulta sobre el criterio que se utiliza para separar a un docente sumariado de su cargo y pide precisiones respecto de la utilización de dispositivos de acompañamiento a docentes sumariados que deben regresar al edificio escolar.
En otro orden, el proyecto requiere conocer los motivos que derivaron en la derogación de la resolución Nº 1638 y las razones que llevaron al cuerpo colegiado a crear la resolución Nº 1290.
Sobre este punto, advierte en sus fundamentos que docentes sumariados de toda la provincia denunciaron públicamente que no se respeta la vía procedimental establecida a través del estatuto. Aclara que esta omisión deriva en la utilización de mecanismos persecutorios –como el apartamiento del cargo- sin la correspondiente intervención de la junta de disciplina, situación que vulnera el principio de inocencia.
Añade también que desde el 2021 a la fecha se han registrado más de 800 sumarios en curso que se aplican a trabajadores y trabajadoras de la educación que han conformado y apoyado diversos procesos de lucha.