La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) recibió el informe final de la comisión que investigó la presunta inhabilidad moral de la vicegobernadora Gloria Ruiz y, tras notificarla del documento, decidió convocarla a una reunión especial de la comisión A el próximo viernes a las 14 para que pueda ejercer su derecho de defensa. A la vez, en la reunión de esta mañana el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) emitió despacho por amplia mayoría a la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El presidente de la comisión investigadora, Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén), hizo una reseña del trabajo realizado por los jefes y jefas de bloques políticos que participaron del espacio y destacó que los puntos observados están respaldados por expedientes y documentación.

Entre los hechos que llamaron la atención de la comisión que investigó la conducta de la vicegobernadora, Monzani hizo referencia a las contrataciones por interpósita persona y al “exceso de contrataciones directas” por encima de ley de administración financiera. El legislador utilizó como ejemplo el caso de contrataciones de publicidad donde el proveedor tiene precios publicados en su página web por debajo de los que pagó la Legislatura en el mes de abril.

Otros puntos observados por la comisión fueron el nombramiento de familiares sin idoneidad para los cargos en los que fueron designados y la adquisición de un vehículo, en base a las diversas versiones expuestas por la vicegobernadora sobre la forma en la que se realizó la operación.

El diputado Francisco Lépore (Avanzar) planteó la moción para que la comisión A cite personalmente a Ruiz el próximo viernes, y así cumplir el plazo de 3 días que la resolución establece para realizar su descargo, prorrogable a pedido de parte por otros 3 días más.

El legislador también propuso poner los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas para que el organismo investigue y, eventualmente, inicie un expediente de imputación administrativa. Su par del bloque PRO-NCN, Marcelo Bermúdez, planteó que el informe también se envíe a la Fiscalía para que se tenga en cuenta en la investigación judicial.

Por el MPN, Claudio Domínguez aclaró que la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia “no vota el sí o el no” sino que corre traslado del informe a la vicegobernadora para su derecho de defensa y luego se habilita el tratamiento en la Cámara para que el pleno lo decida en sesión especial con dos tercios de los votos.

A su turno, Carlos Coggiola (Neuquén Federal) consideró que la concurrencia de la vicegobernadora a la comisión será voluntaria “y de ninguna manera inhabilita el plazo que tiene para hacer una presentación formal de defensa o un descargo por escrito”. No obstante, opinó que “sería bueno para la propia señora vicegobernadora tenga la oportunidad de explicar personalmente las cuestiones que se le endilgan”.

Ruiz se encuentra separada preventivamente del cargo mientras dure el proceso, en el marco de la resolución 1219, a fin de proteger la investigación y garantizar su correcto desarrollo.

Despacho para la adhesión al RIGI:

A la vez, el cuerpo aprobó por mayoría el despacho que adhiere al RIGI, creado por ley nacional 27.742 para proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares. La iniciativa contó con el aval de los bloques de DC-Comunidad, MPN, PRO-NCN, Avanzar y Neuquén Federal, y continuará su tratamiento legislativo en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B). En tanto, Unión por la Patria se expresó en contra.

Durante el debate, Novoa defendió la iniciativa al señalar que desde Neuquén se le aporta seguridad jurídica a las empresas al comprometerse la provincia a no crear o aumentar impuestos durante los próximos 30 años. “Esto es fundamental para desarrollar Vaca Muerta”, sostuvo. En ese sentido, reiteró que los beneficios impositivos referidos a derechos de importación, IVA y disponibilidad de divisas recaen exclusivamente en el gobierno nacional.

Por su parte, Darío Martínez (UxP) sostuvo que su bloque no acompaña al régimen que prevé Nación para atraer inversiones y cuestionó la adecuación provincial al observar que desprotege a las pymes locales y no prevé una posible reducción en el valor del millón de BTU que las empresas exportadoras de gas impulsan para ser competitivas, como así también su consecuente impacto en los recursos que ingresan a la provincia en concepto de regalías.

Al respecto, el legislador sugirió que la normativa incorpore en su texto que el cálculo mediante el cual se deben liquidar los ingresos por regalías de gas se realice a partir del precio previsto para el mercado interno y no el que se pueda definir por el valor de “boca de pozo”. Sobre este punto, Lepore recordó que la provincia carece de competencia para fijar el valor de referencia que se utiliza para liquidar regalías.  

A su turno, Bermúdez ponderó la herramienta para atraer inversiones e indicó que la capacidad de generar trabajo de las pymes se encuentra directamente relacionada con el volumen de inversiones que puede atraer la industria del petróleo, en alusión al beneficio indirecto que significa para la pequeña y mediana empresa un tipo de régimen como el que pone en funcionamiento el gobierno nacional.

En igual sentido, el diputado añadió que también vería como un avance que el propio gobierno provincial disminuya su carga impositiva, sobre todo la vinculada al pago de ingresos brutos.

Habilitan tratamiento en el recinto de candidata a defensora penal

Finalmente, y tras entrevistar a la postulante, el cuerpo habilitó el pase a la Cámara del pliego de Carolina Clara Johansen, candidata a defensora pública penal, con destino al Ministerio Público de la Defensa de la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en Neuquén.

En su intervención, Johansen se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad tras argumentar que “son muy pocas” las causas delictivas que involucran a niños, niñas y adolescentes. “Los chicos necesitan más acompañamiento, no encarcelamiento”, sintetizó.

En otro tramo, indicó que la provincia necesitará “mucha capacitación y muchos recursos” para la implementación de la adhesión a la ley nacional de narcomenudeo, a la que calificó de “necesaria para dar una respuesta a la gente”.

Consultada sobre el Código Procesal Penal, Johansen se exprese a favor de avanzar en el requerimiento de la unanimidad para que el jurado popular alcance un veredicto “más justo”.