La comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I) recibió hoy a delegados de ATE de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, quienes denuncian persecución gremial, intervención política del organismo, precarización laboral y privatización de la función. El cuerpo que preside el diputado Sergio Fernández Novoa (FT) funcionó en minoría por falta de quórum. En los próximos encuentros, la comisión continuará con el tratamiento del proyecto que solicita información a la Dirección sobre la modalidad de incorporación de contratación.
Al referirse a la situación actual que atraviesa el órgano encargado de los datos estadísticos oficiales de la provincia, Rocío Martín –trabajadora y delegada de ATE- informó que son 13 las personas sumariadas por acogerse al derecho a huelga, según dijo. Explicó que el último concurso para ingresar fue en el año 2017 y que, desde entonces, y en particular después de la pandemia, los nombramientos se realizaron a través de contrataciones de planta política.
“Hay un interés público en la confiabilidad del dato”, dijo Martín al destacar la necesidad de mantener la tecnicidad del órgano que elabora “estadística pública” y tras mencionar que en el año 2013 “se avanzó” con la elaboración de las condiciones laborales para la el plantel permanente, la incorporación a través de concursos y la eliminación de la figura de los contratados por monotributos. En ese sentido, dijo que en el 2020 se produjeron vacantes en el organismo, situación que derivó en el reclamo de apertura de concursos que finalmente no se realizaron.
En tal sentido, mencionó por caso que el organismo elabora el índice de precios al consumidor de la ciudad de Neuquén con componentes que datan de año 1980, fórmula que debería ser “relevada, actualizada y ampliada” a la canasta real actual. A la vez, sostuvo que se está trabajando en otro índice, pero cuyos datos “se están gestionando” desde el sector privado y no desde el organismo.
En otro tramo, informó que el personal se compone de 49 trabajadores y trabajadoras -computando también a las autoridades-, de los cuales el 30% corresponde a nombramientos de planta política.
Al finalizar, Martín aseguró que las sanciones que recayeron sobre el plantel trabajador constituyen una “medida antisindical” que vulnera el derecho a huelga amparado por ley.
Martín estuvo acompañada por el trabajador del organismo, Matías Cáceres, quien coincidió en la necesidad de mantener “el nivel técnico” de la Dirección. “Sin los ingresos por concurso se desmorona el organismo y su forma de trabajo anterior”, dijo en tal sentido Cáceres al destacar que previo al 2021 no hay antecedentes de designaciones políticas para el plantel trabajador.
Participaron de la reunión los diputados Sergio Fernández Novoa, Lucas Castelli, Andrés Blanco, Mariano Mansilla y las diputadas Soledad Salaburu y Ayelén Quiroga.
