La comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I) emitió este martes despacho unánime a la aprobación del Convenio Colectivo de Trabajo –CCT- de la Dirección Provincial de Vialidad.

El cuerpo que preside el diputado Sergio Fernández Novoa (FdT) recibió a representantes de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales, tras destacar el proceso de trabajo de construcción del CCT, quienes pidieron mayores recursos por parte del Estado provincial para garantizar el servicio que brindan en toda la provincia.

Si bien destacó el alcance del Convenio y sus beneficios para el funcionamiento de la Dirección tras “mucho tiempo de discusión”, el secretario general de UNAV, Carlos Roselli, dijo que el nuevo encuadre no resolverá los problemas actuales del sector, vinculados a la falta de recurso humano y material.

En efecto, durante su alocución, remarcó que la estructura necesita incrementar la planta funcional que, en la actualidad, cuenta con 720 agentes. Los últimos ingresos fueron por modalidad contrato eventual, informó Roselli, tras remarcar que muchas veces los operarios se forman y luego se trasladan a otro trabajo con mejor remuneración. “Cada vez podemos dar menos soluciones” sintetizó el agente al detallar las falencias de la estructura.

“Es fundamental el Convenio, pero no es lo único que necesitamos”, insistió Rosell quien enumeró una serie de inconvenientes actuales vinculados a la falta de personal y equipamiento. En efecto, dijo que se encuentran un 30% por debajo de la cantidad mínima de agentes que requerirían para operar en condiciones óptimas y que la maquinaria más nueva es del 2016.

Finalmente, Roselli aseguró que el personal de Vialidad es “un servidor público, no un empleado que cumple horario” y destacó así su labor y dedicación en todo el territorio provincial, durante los 365 días del año.

Acompañaron a Roselli la directora Obrera, Victoria Nuñez; el Secretario Adjunto, Francisco Huani y a la Secretaria Gremial, Claudia Quintero.

El despacho fue aprobado por unanimidad y continuará su tratamiento parlamentario en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A), y de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B).