La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho al pedido del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que autoriza un incremento salarial para el personal del Poder Judicial. Así lo votó en forma unánime esta mañana el cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN), ocasión en la que también elevó al recinto el pliego de Lucrecia Sola, candidata a fiscal del caso para la I Circunscripción Judicial, tras entrevistar a la postulante.
Según explicó el titular de la comisión, el aumento en el régimen salarial para el personal judicial se compone de un 11.9% en los distintos conceptos remunerativos a partir del mes de febrero. A la vez, contempla actualizaciones progresivas mediante un mecanismo de indexación trimestral que toma como referencia el promedio que surja entre el Índice de Precios al Consumidor nacional y el IPC de la Patagonia. Mencionó que también se modifican ítems vinculados a la antigüedad y títulos, con impacto en los haberes del personal.
La propuesta, que surge de un acuerdo entre el TSJ y el gremio judicial Sejun, obtuvo despacho por unanimidad y continuará su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B).

En otro orden, el cuerpo entrevistó hoy a la candidata a fiscal del caso con asiento de funciones en Neuquén capital, Lucrecia Sola, y giró al recinto el pliego para ser tratado por el pleno de la Cámara. Votaron el pase a la Cámara todas las bancas a excepción del PTS-FIT.
Durante su alocución, Sola –quien se desempeña como asistente letrada en la Fiscalía de Homicidios- señaló su “vocación” por la investigación en materia penal como uno de los principales motivos por el que desea convertirse en fiscal del caso.
Consultada sobre la realización de juicios, Sola reconoció que “existen demoras” pero que “no se dan durante la investigación” sino por escasa disponibilidad de “agenda”. Frente a tal situación, se pronunció a favor de que se realicen juicios en el turno tarde y que se coordine entre la Oficina Judicial y las partes para “optimizar el tiempo y los recursos” y agilizar así la ejecución de los juicios en materia penal. En cuanto a las propuestas para poner en marcha el denominado juicio directo, indicó que “se trata de iniciativas con buenas intenciones” pero serán de difícil aplicación, según vislumbró, porque los jueces no lo aplicarán con la oposición de la defensoría.
La postulante también fue consultada por la situación carcelaria de la provincia -con superpoblación en las unidades de detención- y dijo que es necesario “invertir, aunque no guste o no sea la prioridad”. Fundamentó su opinión en que el 20% de las personas privadas de su libertad está procesada pero la mayoría, el 80% restante, cuenta con condena.
En relación a los elevados índices de femicidios, la letrada indicó que “en la mayoría de los casos no hay intervención estatal previa porque no se puso en conocimiento” de la situación de violencia que vive la víctima. En ese sentido, consideró primordial “observar a los indicadores que nos da la víctima para poder llegar antes” de que se produzca el hecho de violencia extrema.
También se refirió a los pedidos de prisión domiciliaria que derivan en la convivencia del imputado con la víctima, situación que rechazó y sobre la que pidió “poner en marcha controles previos y no tomar decisiones a la ligera”. Visitar el lugar de residencia es crucial, consideró Sola.
En otro tramo, se refirió al funcionamiento del juicio por jurados en el fuero penal, ocasión en la que se inclinó a favor de impulsar una modificación y expender el instituto a casos en los que en la actualidad no se aplica, tales como fraudes a la administración pública, delitos menores y hechos de violencia con pena menor a 15 años. “Sería bueno que la sociedad juzgue” tales delitos, sintetizó la letrada, al tiempo que rechazó la propuesta de unanimidad para arribar a un veredicto, entendiendo que con la mayoría de ocho –sobre 12 miembros- es suficiente. “No se le exige unanimidad a los jueces técnicos ni a los vocales” en los acuerdos del TSJ, comparó la abogada.
Al inicio de la reunión, la comisión recibió la nómina de abogados y abogadas de los cinco colegios de profesionales de la abogacía de la provincia en condiciones de formar parte del Jurado de Enjuiciamiento, órgano extra-poder que juzga miembros del Poder Judicial no sujetos a juicio político. La nómina fue girada al recinto para el oportuno sorteo de los integrantes en sesión.
Estuvieron presentes Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Mariano Mansilla, César Gass, Darío Peralta, Laura Bonotti, Lorena Abdala, Andrés Blanco, Liliana Mursisi, Karina Montecinos, Carlos Coggiola y Carlos Sánchez.