La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho al proyecto que modifica el juicio directo a fin de posibilitar su implementación, sin la conformidad pero con la posibilidad de que la defensa se oponga e intervenga, en tal caso, el juez. A la vez, el cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) emitió despacho al proyecto que contempla la reelección sucesiva de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), habilitando así la posibilidad de ejercer dos mandatos consecutivos –de un año cada uno-.
La iniciativa que modifica la implementación del juicio directo, reforma el artículo 222° del Código Procesal Penal –CCP- (ley 2784) a fin de implementar los juicios abreviados para los delitos de flagrancia. La propuesta aprobada derivó del proyecto impulsado por el diputado Carlos Coggiola (PDC) que, a diferencia de la iniciativa presentada por la Fiscalía general y la intendencia de San Martín de los Andes, contempla la posibilidad de que la defensa se oponga al pedido de juicio directo y el juez decida sobre su pertinencia.
Tras varias reuniones de tratamiento, que implicaron la consulta al TSJ, a la Defensoría y a la Fiscalía general, el cuerpo emitió hoy despacho por mayoría, con el voto favorable de todos los bloques a excepción del PTS-FIT.
Al explicar los fundamentos de la medida, Coggiola aseguró que el instituto previsto en el CCP no se aplica y que tal “falta de operatividad” se saldará con la modificación en cuestión. El legislador recordó que, a poco de su implementación, surgieron propuestas para la aplicabilidad de los juicios abreviados. En efecto, aseguró que con la redacción vigente “nos estamos privando de una herramienta que no es la solución pero es valiosa en pos de darle una respuesta efectiva” al reclamo de la ciudadanía por hechos vinculados a la inseguridad. Agregó que la operatividad sugerida es similar al de pedido de prisión preventiva: que la pide el fiscal, se escucha a la defensa y la resuelve un juez de garantías.

Por su parte, la diputada Soledad Martínez (FdT) también se inclinó a favor al considerar que el instituto está previsto en el Código pero no funciona y remarcar que la reforma recae sobre la audiencia intermedia de evaluación de la prueba. “No estamos profundizando una política de criminalización de la pobreza” aseguró tras indicar que no se trata de una reforma de fondo sino de una “simplificación del proceso”.
Al pronunciarse en contra, tanto el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) como la diputada Soledad Salaburu (FdT) cuestionaron la reforma en tanto no constituye una política criminal de prevención del delito sino que, contrariamente, representa una “respuesta demagógica a un pedido de seguridad que esto no resolverá”, dijo Salaburu, quien agregó que “estamos siendo cómplices de que las cárceles de Neuquén sigan estando llenas de jóvenes pobres”.
La diputada lamentó que no se le haya dado participación a asociaciones y referentes que rechazaron el proyecto y que la medida devenga como respuesta a un contexto social “en ebullición”. En ese sentido, dijo que el fenómeno de la inseguridad “se aborda solamente desde esta perspectiva”, al tiempo que criticó la “urgencia” del tratamiento, a diferencia de otros temas “de sensibilidad” que requieren tratamiento urgente, como la declaración de la Emergencia por violencia de género, en una provincia con 11 femicidios.
En tanto, Blanco coincidió con las críticas de Salaburu en cuanto a la celeridad del tratamiento y el enfoque en materia de inseguridad social, al tiempo que agregó que la gravedad de la reforma recae también en que representa “un ataque a las garantías constitucionales esenciales porque vulnera el derecho a la defensa”. Dijo que “Villaruel y Milei están esperando una modificación así” en la medida en que, según opinó, la medida puede afectar el derecho a la protesta.
Aval legislativo para la reelección de la titularidad del TSJ:
En otro orden, los diputados y las diputadas emitieron despacho, por mayoría, al proyecto elevado por la actual titular del TSJ, Soledad Gennari, que habilita la reelección de la presidencia del máximo órgano judicial por un mandato más.
La propuesta fue aprobada por mayoría, con el único voto negativo del diputado Blanco, quien recordó que su espacio político promueve la designación de funcionarios y magistrados por voto popular y cuestionó que las autoridades no hayan asistido para fundamentar los motivos de la medida. Si bien votó a favor, Martínez coincidió con el legislador y pidió a Gennari que, en caso de ser reelecta en diciembre, “ejerza la próxima presidencia con mayor compromiso de representación, que es lo que trae aparejado el cargo”.
“No surge ninguna conculcación a la Constitución Provincial”, señaló la legisladora al subrayar que el mandato constitucional refiere a la “intención de rotación” pero no su modalidad.
A su turno, Caparroz y Sergio Fernández Novoa (FdT) aludieron a la facultad de organización interna del TSJ y a la acordada del máximo órgano judicial que, con cuatro votos y una abstención, sugirió la modificación en debate que recae sobre el artículo 36° de la Ley orgánica del Poder Judicial -1436-.
Desde el FdT, JC y CC-ARI pidieron eludir la posibilidad –contemplada en la redacción original- de que alguna de las vocalías se oponga a ser reelecto en caso de que exprese su voluntad contraria, partiendo de concebir de que es una función que deriva de la funcionalidad del cargo. Finalmente, se aprobó la redacción textual que contempla la posibilidad de que, a quien le corresponda la titularidad, manifieste su voluntad en contrario, y se evaluó su reconsideración durante el tratamiento en el recinto en caso de alcanzar “las mayorías requeridas”, dijo Caparroz, quien adelantó su postura a favor de la redacción original.