La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho a tres pliegos remitidos por el Consejo de la Magistratura de postulantes a jueces para el Colegio de Jueces de la I Circunscripción Judicial. Así lo votó el cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) esta mañana en una reunión de carácter excepcional y tras entrevistar a los aspirantes.
Se trata de los pliegos de Juan Ignacio Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kess, postulantes para jueces penales del Colegio de Jueces de la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la capital neuquina.
Los pliegos de los tres postulantes fueron aprobados por unanimidad y girados al recinto para su tratamiento en sesión.

En las entrevistas, que se realizaron de manera individual, y tras las referencias a sus trayectorias laborales y de formación profesional, los postulantes fueron consultados por sus opiniones en cuanto a la modificación del juicio directo, la criminalización de la protesta y las modificaciones que requeriría el Código Procesal Penal a diez años de su implementación, entre otros puntos.
En primer lugar, el cuerpo entrevistó a Guatia, quien, consultado por su opinión sobre la modificación del juicio directo en debate en la comisión, advirtió que la defensoría debe ser consultada y el juez debe poder decidir en caso de que exista oposición, sino sería inconstitucional, soslayó al indicar que en caso contrario “no sería un proceso acusatorio sino un trámite administrativo”. En su argumentación, hizo un paralelismo con la suspensión del juicio a prueba, que prevé un control jurisdiccional del juez en caso de que la Fiscalía lo solicite y la Defensa se oponga.

En relación al fallo del TSJ sobre los plazos de investigación penal, Guaita opinó que “para un proceso lineal, tres años es suficiente tiempo” y dijo que el Código cuenta con “recursos” para dotar de celeridad a los procesos. Ejemplificó que se lograron sentencias en tan solo en ochos meses y atribuyó a la pandemia un retraso que, según dijo, debe evaluarse pero no requiere de una modificación legislativa sino de una readecuación de las herramientas vigentes del sistema judicial. Remarcó que el fallo del TSJ deriva de uno de la Corte Suprema que “es una situación distinta, no prevista por el Código” porque se basó en un “caso de reenvío” y no lineal, como lo contempla el marco normativo procesal local.
En otro tramo, Guaita descartó la pertinencia de incrementar la mayoría requerida para que el jurado popular alcance un veredicto –de 8 sobre 12 integrantes-, alegando que se necesita de “una maduración social, de mayor experiencia, para dar ese salto” y se pronunció a favor de una modificación que contemple la posibilidad de que, en ciertos delitos, la defensa pueda elegir entre un juicio por jurados o un juez técnico.
Finalmente, Guaita fue consultado por su visión en torno a la criminalización de la protesta, frente a un posible escenario de conflictividad social ante el próximo panorama político. “No es lo mismo robar una cámara frigorífica que un paquete de arroz” dijo al remarcar que un juez “no puede vivir alejado de la realidad y debe comprender a la población vulnerable”.

A su turno, Hermosilla también hizo reparos en cuanto a la posibilidad de reformar el Código Procesal Penal en relación con la competencia de los jurados populares. Dijo que debe garantizarse que no se altere “el espíritu” del plexo normativo y pidió una “discusión profunda” en caso de una reforma que incluya a los delitos contra la administración pública bajo jurados populares porque son “temas de gran impacto” que requieren que el jurado sea “lo más objetivo posible”.
En cuanto a la criminalización de la protesta señaló que los funcionarios judiciales “vamos a tener que ser muy sensibles” a la realidad social y dijo que, en casos de protestas sociales o cortes de ruta, por ejemplo, es primordial “deslindar roles, responsabilidades y motivos” de la protesta. En ese sentido, indicó que, como juez penal, tendría en cuenta “la perspectiva de vulnerabilidad” y “cada una de las responsabilidades, porque habrá personas que verán afectados sus necesidades básicas y criminalizarlas de ante mano puede generar que se le impida el acceso a ser oída”.
Finalmente, el cuerpo entrevistó a Kess y, al ser consultado también por el accionar judicial frente a la conflictividad social materializada en protestas sociales, aseguró que se deben aplicar “las alternativas menos represivas” y recurrir a los instrumentos como la mediación, la reparación y la suspensión del juicio a prueba. Además, recordó que “el Estado no cuenta con la capacidad de procesar enormes volúmenes de personas criminalizadas”. Dijo que se debería evaluar el impacto de una política de criminalización en una población carcelaria como la del sistema penitenciario neuquino que “hoy está al límite”.
Kess también hizo mención a los plazos en el fuero penal, y mencionó por caso que, desde la vigencia del Código Procesal (2014) a la actualidad, “prácticamente se ha duplicado” la durabilidad del plazo. En ese sentido, valoró que no es necesaria una reforma del Código para dotar de mayor celeridad a los procesos, sino una readecuación de “las prácticas” al interior del sistema, pero sí advirtió sobre la necesidad de incorporar aspectos que en su redacción original no fueron contemplados, como la perspectiva de género.
Por último, y al requerirse su opinión sobre la propuesta de la titular del TSJ para habilitar la extensión de la presidencia del máximo órgano judicial por un año más de mandato, advirtió que no posee “el conocimiento práctico” interno del funcionamiento del órgano para pronunciarse pero vislumbró que extender el mandato “puede hacer que a alguno no le toque nunca” la titularidad el cuerpo y dijo que la “alternancia es saludable” en función de la trascendencia de las decisiones que implican el cargo.
Estuvieron presentes Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Mariano Mansilla, Ludmila Gaitán, Darío Peralta, Andrés Peressini, Carlos Sánchez, César Gass, Karina Montecinos, Carlos Coggiola, Sergio Fernández Novoa y Lorena Abdala.