Presentaron un proyecto para crear el “Ente Cooperador penitenciario provincial” orientado a garantizar el funcionamiento de los talleres socioproductivos y emprendimientos laborales de las personas privadas de la libertad. La medida, impulsada por Ángel Albornoz, apunta a fortalecer las condiciones laborales al interior de las cárceles, y el proceso de resocialización de las personas privadas de libertad.

El ente, según se describe en el articulado de la propuesta, no implicará gastos para el Estado en tanto se solventará con recursos devenidos de la comercialización de los emprendimientos en cuestión, así como también de aportes de distintos organismos en concepto de donación.

A la vez, el articulado también detalla que el organismo funcionará en tanto cooperador del Ejecutivo en la materia y no tendrá, por tanto, competencia, deberes, atribuciones o facultades propias de la función penitenciaria que le correspondan al gobierno.

El ente estará integrado por una asamblea, un consejo directivo y una comisión revisora. La asamblea estará compuesta por, al menos, el 75% de las unidades de detención de la provincia -representadas por su director-, mientras que el consejo directivo estará a cargo de funcionarios designados por el Poder Ejecutivo. La comisión revisora, en tanto, tendrá un representante legislativo además de uno ejecutivo.

Los fundamentos aseguran que la medida apunta a garantizar el cumplimiento de la manda constitucional que exige condiciones dignas para la habitabilidad, así como también garantías para la readaptación de las personas privadas de su libertad que las unidades de detención.

Más adelante, retoman el alcance de la ley nacional 24372, sancionada en el ’94, que creó el Ente de Cooperación Técnica y Financiera, similar al propuesto en el proyecto en cuestión, con el objetivo justamente de propender al mejor funcionamiento y la modernización de los métodos operativos de los talleres de laborterapia para las personas privadas de la libertad en jurisdicción de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. El fin de las políticas penitenciarias de este tipo, apunta a fortalecer la resocialización de los internos y las internas de modo que sea posible la reinserción social al momento de recuperar la libertad. En consecuencia, el régimen penitenciario debe emplear todos los medios de prevención, abordaje interdisplinario, educativos, laborales, morales, espirituales, asistenciales y de cualquier otro carácter que pudiera disponerse, asegura la fundamentación.

Albornoz explica que el trabajo de una persona al interior de las unidades de detención “es una actividad laboral como cualquier otra”, con la única diferencia de que en este caso se trata de un trabajador privado de la libertad. Por tal motivo, debe ajustarse a la legislación laboral vigente, respetando sus disposiciones, los horarios, la jornada laboral y las medidas de higiene y seguridad deben ser adecuadas a lo dispuesto por las normas que regulan estos aspectos del trabajo libre.

El ente sugerido, se constituirá como una estrategia de intervención destinada a garantizar igualdad de oportunidades y una inclusión de calidad a todos y todas las personas privadas de la libertad en la provincia, confirmando la función que desempeña el trabajo en las cárceles: socialización a través del aprendizaje e interiorización de pautas de comportamiento, valores y hábitos (de autodisciplina, puntualidad, responsabilidad, valoración del esfuerzo y convivencia), al mismo tiempo contribuyendo a que la persona privada de la libertad estructure su vida cotidiana, lo que le proporciona estabilidad emocional a la vez que reduce la conflictividad y facilita el orden social en la prisión.