El fiscal del caso Juan Manuel Narvaez solicitó que uno de los acusados por la causa que investiga estafas con la asignación y el cobro de planes sociales en la provincia, Ricardo Soiza, continúe detenido por 72 horas, hasta tanto se pueda realizar la audiencia para controlar su detención y pueda solicitar una medida cautelar.
La medida se enmarca en la investigación por la cual el 29 de noviembre de 2022, el fiscal Jefe Pablo Vignaroli formuló cargos contra 19 personas. Les imputó integrar, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita destinada a quedarse con fondos públicos que, en su destino original, debían atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.
Al momento de los hechos, Soiza ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Según la investigación, intervino como “jefe” de la organización; tenía dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras delictivas: Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. Estos últimos fueron detenidos previo al desarrollo de la audiencia realizada hoy por la tarde y mañana serán presentados ante un juez de garantías.
Allanamientos:
Las tres detenciones fueron ordenadas hoy por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y por el fiscal del caso Juan Manuel Narvaez, en simultáneo a la ejecución de cinco allanamientos desarrollados durante la mañana en las viviendas particulares de los tres imputados y en un comercio y una chacra, en ambos casos pertenecientes a Soiza. En esos operativos, sólo este último fue ubicado, mientras que los dos restantes se presentaron en la Ciudad Judicial durante la tarde de hoy.
Renuncia:
Previo al inicio de la audiencia se produjo la renuncia del abogado particular que representaba a todos los imputados. En ese marco, la defensa pública asumió la representación de Soiza y pidió más tiempo para conocer la causa. El fiscal Narváez no se opuso a la solicitud, pero la condicionó a que hasta tanto no se pueda realizar la audiencia para controlar la detención, el acusado permaneciera detenido.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías dispuso que esa audiencia, en la que el equipo de la fiscalía de Delitos Económicos solicitará la prisión preventiva del imputado por considerar que ha realizado maniobras de entorpecimiento de la investigación, se realice el próximo lunes.
En la audiencia realizada hoy, la fiscalía estuvo representada por el fiscal del caso, por la asistente letrada Tanya Cid y por la agente Agustina Jara.
La causa:
De acuerdo con la formulación de cargos, Soiza, Osuna, Sanz y, hasta el momento, otras 16 personas, integraron una asociación ilícita que tenía como objetivo obtener dinero destinado al pago de planes sociales.
La maniobra comenzaba con la búsqueda de eventuales beneficiarios y beneficiarias del denominado Plan Provincial de Asistencia a la Desocupación. Esas personas eran inscriptas con una fotocopia del documento de identidad, se gestionaba la apertura de cuentas y se les informaba que debían presentarse en el banco para retirar la tarjeta de débito y crear la clave respectiva. Luego, algunos de los y las imputadas retenían las tarjetas y se las entregaban a otras personas para que fueran a los cajeros a retirar el dinero. Según la teoría de la fiscalía, de ese dinero, una parte quedaba en manos de quienes figuraban como titulares de las tarjetas, y el resto -los planes podían llegar a ser de hasta $49.000- era para la organización.