En el contexto de la investigación por las estafas con planes sociales, fue modificada la medida cautelar impuesta a uno de los imputados como jefes de la organización: Marcos Osuna, permanecerá detenido en prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, rondines policiales de control y prohibición de tener contacto con los y las testigos del caso.
La decisión fue tomada por un juez de garantías, a instancias de un pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF): el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, sostuvo ayer en una audiencia en la Ciudad Judicial, que como Osuna cumplirá el próximo 10 de enero el plazo máximo previsto por la ley para estar detenido en prisión preventiva en un caso complejo (18 meses), correspondía modificar la modalidad a prisión domiciliaria. Requirió que el plazo de la detención quede establecido en seis meses.
Durante la misma audiencia, el fiscal del caso requirió que a Ricardo Soiza, otro de los imputados con un rol en el máximo nivel de la organización, se le extienda la prisión domiciliaria que está cumpliendo desde septiembre pasado, también por seis meses, junto con las medidas complementarias: tobillera electrónica, rondines policiales de control y prohibición de tener contacto con los y las testigos del caso.
Como argumentos para requerir las detenciones domiciliarias, el fiscal del caso destacó que está vigente el riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de ambos acusados.
Sobre el plazo de la medida, señaló que el requerimiento de apertura de juicio ya fue presentado por el MPF; que el próximo 18 de febrero se realizará la audiencia de control de acusación; y que la fecha de juicio se estima que será en marzo o abril de este año. “Con los seis meses de prisión domiciliaria se estarían resguardado estas etapas de los riesgos procesales”, destacó Narváez.
Al planteo del representante del MPF, adhirió el abogado querellante de la fiscalía de Estado.
El juez de garantías que dirigió la audiencia, Luis Giorgetti, avaló el requerimiento del fiscal del caso pero por un plazo menor: estableció la prisión domiciliaria de Osuna y la prórroga a Soiza, por un mes y quince días a contar desde el 10 de enero. También avaló las medidas complementarias, referidas a los rondines policiales de control, la prohibición de tener contacto con los y las testigos del caso y el uso de tobilleras electrónicas (según disponibilidad).
La teoría del caso de la fiscalía es que un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, integraron una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.
La maniobra se efectuó con distintos niveles de responsabilidad, y con el rol de jefes sindica a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
La investigación se centró en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, con diversos roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel.
En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.
En el caso, ya fueron impuestas las primeras condenas.