En una de las últimas reuniones del año, la comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) elevó al recinto legislativo el pliego de un candidato a juez de garantías para Neuquén y emitió despacho a cuatro proyectos de ley. De esta forma, el cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) aprobó las propuestas para para extender la prohibición del uso de la pirotecnia en la provincia; instituir la promesa al cuidado del medio ambiente en las escuelas; incrementar el número de integrantes de la Comisión Interinstitucional de intervención contra la trata de personas y elevar el coeficiente correspondiente al cargo para personal de conducción del Poder Legislativo.  

Al inicio de la reunión, la comisión entrevistó a Raúl Alfredo Aufranc, aspirante a juez de garantías para Neuquén capital. El abogado, recibido en Santa Fe y radicado en la provincia (Cutral Có) desde el 2001, se desempeña en la actualidad como juez penal.

En su intervención, Aufranc se refirió al sistema acusatorio del Código Procesal Penal implementado hace ocho años en la provincia, al que calificó de “revolucionario y maravilloso” en tanto permitió la celeridad del trabajo judicial, puntualizó en la oralidad y agilidad de los procesos y en el contacto entre la administración de justicia penal y las víctimas. Se pronunció a favor de los juicios por jurados que le permiten a la ciudadanía “interiorizarse y conocer lo que significa juzgar” y dijo, en tal sentido, que los jurados populares debieran extenderse a otros tipos de delitos. Valoró también que los veredictos sean por unanimidad y no por mayoría de sus miembros, a diferencia de otras jurisdicciones.

En otro tramo, y en relación a la prisión preventiva, se inclinó a favor de poder extenderla en los casos en los que exista condena y la prisión preventiva esté próxima a vencerse. “Hay circunstancias excepcionales que ameritan o justifican la prórroga” de la prisión provisional, concluyó tras informar que solicitó su prórroga en un par de oportunidades, constituyendo una de ellas un caso de abuso sexual. Si bien aseguró que el sistema “estructural” judicial no requiere en la actualidad de grandes cambios, sí es necesario “volver” a la celeridad con la que se realizaban los juicios, previo a la pandemia por Covid-19 y la cuarentena.

Consultado por las propuestas vigentes para la puesta en marcha de juicios directos, dijo que serían oportunos fundamentalmente para casos de hechos flagrantes, con el fin de “evitar dilaciones innecesarias” cuando, por ejemplo, hay decisión tanto desde la Defensa como desde la Fiscalía de no litigar. “Creo que es una solución” y “es saludable”, siempre y cuando intervenga un juez “para evaluar la racionalidad” de la Defensa en aquellos casos en que se oponga al juicio directo, observó el magistrado.

También se le consultó sobre su opinión sobre la situación carcelaria de la provincia, ocasión en la que mencionó que la cárcel de Cutral Có tiene el doble de población de internos de lo permitido y calificó de “razonable” la decisión de jueces y juezas del interior de hacer lugar al habeas corpus para “poner un parate” al ingreso a las unidades de detención. Aseguró que, a largo plazo, la solución es la construcción de nuevas cárceles, pero “la complejidad está en lo inmediato”. Destacó, además, el trabajo en conjunto de los tres Poderes del Estado en la materia, con la inminente puesta en marcha el Comité contra la tortura y los malos tratos.

A la vez, señaló que justamente el sistema acusatorio aceleró las causas grandes, lo que motivó –junto a otras circunstancias como la restricción de las salidas- el incremento de la cantidad de personas detenidas, e indicó que “las condiciones son realmente muy indignas” para las personas allí alojadas. Finalmente sostuvo que la situación “obliga a la Fiscalía y a la Defensoría a pensar, argumentar y probar dónde quedan alojadas las personas”.