El diputado Lucas Castelli (Avanzar) presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Formación Profesional y Entrenamiento Laboral que tiene como objetivo promocionar el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades necesarias para la inserción y permanencia en el mundo laboral.

El sistema estará integrado por los planes, programas, proyectos, cursos y acciones de capacitación, actualización, formación profesional y especialización y entrenamiento laboral que dicten las instituciones públicas o privadas. La finalidad es desarrollar conocimientos, destrezas, habilidades y competencias necesarias para incrementar las posibilidades de empleabilidad o autogestión profesional.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno y Educación que, entre otras funciones, deberá autorizar, clasificar e inscribir en el Consejo Provincial de Educación (CPE) a las instituciones y personas capacitadoras; unificar la oferta formativa existente en la provincia; articular redes de intermediación laboral; crear un registro de participantes y egresados de las distintas especialidades formativas; realizar campañas de difusión; y generar la vinculación con empresas del sector privado para la realización de las prácticas de entrenamiento laboral a través de la incorporación de las personas que hayan sido capacitadas.

En cuanto a las prácticas de entrenamiento laboral, el proyecto plantea que podrán acceder las personas de 18 a 24 años inclusive que se encuentren desocupadas y tengan domicilio en la provincia. Las prácticas tendrán una duración mínima de dos meses y un máximo de cuatro meses, con una carga horaria que no podrá exceder las veinte horas semanales. Mientras dure la práctica, cada participante recibirá una asignación económica no remunerativa, equivalente al 50% de un salario mínimo vital y móvil.

Por otro lado, establece que podrán incorporar participantes para la realización de entrenamientos laborales quienes no hayan realizado despidos en los últimos seis meses y quienes no estén incluidos en el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

En los fundamentos, el legislador explica que el proyecto representa “la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, y la igualdad de oportunidades y trato para todas las personas”.