La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) inició hoy el debate de la modificación del instituto del juicio directo– definido en el artículo 222° del Código Procesal Penal (CPP)-, con el objetivo de eliminar la exigencia de acuerdo entre las partes para su implementación en los casos de flagrancia. El cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) solicitará información al TSJ y a los ministerios públicos de la Defensa y Fiscal para que emitan su opinión.

El debate retoma dos proyectos en la materia. Uno elevado el año pasado por el jefe de fiscales, José Geréz y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti –devenido del Consejo de Prevención del delito de dicha localidad- que deja en cabeza de la fiscalía el pedido de la ejecución del juicio a prueba para delitos de flagrancia u otros en los que la prueba haya sido recolectada de manera inmediata, eliminando así el acuerdo requerido actualmente entre las partes. El otro proyecto fue presentado por el diputado Carlos Coggiola (PDC) en el 2020 y, además de eliminar la exigencia de acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa en delitos de flagrancia, contempla la posibilidad de que la Defensa argumente su oposición y el juez de garantías decida sobre su pertinencia.

Al fundamentar su propuesta Coggiola hizo hincapié en que el juicio directo no se realizó desde su incorporación en el CPP en el 2014. “Antes de nacer, ya se le dio su sepultura” aseguró al comparar su implementación con el resto de las jurisdicciones, en las que no se requiere la conformidad de la defensa.

El legislador indicó que la medida se aplicará únicamente para delitos flagrantes y, dentro de estos, remarcó que el delito contra la propiedad es el más común y el que más afecta a la “convivencia social”. Calificó la modificación como “una herramienta para terminar con la puerta giratoria” y ejemplificó que un detenido por este tipo de delitos es liberado a las tres horas y sometido a un proceso penal de una duración de tres años, con lo cual vuelve a cometer el delito durante el proceso, señaló Coggiola.

Finalmente, hizo mención a la principal diferencia entre su proyecto y el de la Fiscalía, la que reside en que, a su criterio, la defensa debe tener la posibilidad de oponerse “fundadamente”, siendo el juez de garantías quien decida sobre la pertinencia de tal oposición.  

A su turno, la diputada María Laura du Plessis (MPN) dijo que el tema se “viene analizando desde la gestión pasada. Lo teníamos estudiado, evaluado y pesando” y por tal motivo “estamos convencidos de que esta es una herramienta para alcanzar una justicia ágil, eficaz y sencilla”, considerando que no se aplicará a todo tipo de delitos sino exclusivamente a los de flagrancia. “La esencia es concentrar etapas” judiciales sintetizó du Plessis, quien se inclinó por la iniciativa de Coggiola que habilita a la defensa a fundamentar su oposición al juicio directo.

El tratamiento derivó en un debate en relación a la seguridad ciudadana y la garantía de los Derechos Humanos. En ese marco, la diputada Soledad Martínez (FdT) adelantó su posición a favor de la modificación, en tanto implica suspender la audiencia intermedia en la que se discute la prueba cuando no hay duda de ello y no implica afectación del derecho a juicio, pero advirtió sobre la necesidad de “revisar otros aspectos del Código” para alcanzar una “justicia más eficiente”. En similar sentido se expresó César Gass (JxC), quien pidió garantizar “la homogeneidad” del Código con las reformas introducidas y no perder de vista “la integralidad” del texto.

En tanto, Soledad Salaburu (FdT) pidió incluir “el contexto” en el tratamiento de los proyectos, que devinieron de “las amenazas de saqueos” del último tiempo, según estimó. Criticó que “cada vez que hay algún hecho público o escandaloso aparece la reforma del 222” y solicitó analizar el estado carcelario del sistema penitenciario provincial que se encuentra superpoblado. “Tenemos que debatir la cuestión integral de la seguridad”, sintetizó la legisladora. El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) coincidió en la pertinencia de atender a la “implicancia política” de una modificación de procedimiento penal, mientras que Karina Montecinos (CC-ARI) señaló que “quizás este proyecto es el puntapié inicial para considerar otras resoluciones” en materia de seguridad.

El cuerpo coincidió en consultar opinión sobre los proyectos y su impacto en el CCP al Tribunal Superior de Justicia y a los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscalía. A este último, le pedirá también estadísticas sobre los juicios directos solicitados hasta el momento.

En otro orden, la comisión recibió a David Zapata y Emilio Mansilla –titular y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERYH)- quienes requirieron información sobre la reglamentación de la ley 3041 —Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y de Conjuntos Inmobiliarios-.

En su intervención, ambos manifestaron dudas en relación a la reciente reglamentación la norma y remarcaron en la importancia de que la provincia cuente con un registro en la materia para afrontar situaciones de “abusos” y “estafas” por parte de administradores que, según indicaron, afecta a los vecinos de los consorcios.

Los diputados y las diputadas elevarán un pedido de informe, desde la presidencia de la comisión, a la Secretaría de Seguridad para conocer en detalle los aspectos de la reglamentación de la ley, sancionada en el 2016.