Tras dos jornadas de juicio, un tribunal de dos juezas y un juez consideró probada la acusación que presentaron la asistente letrada Lucila Maggiora y el fiscal el caso Manuel González y declaró la responsabilidad de un varón por abusar sexualmente de una niña en distintos momentos en los que estuvo a cargo de su cuidado.
Se trata de G.R.A, quien de acuerdo con el veredicto comunicado ayer, cometió las agresiones sexuales entre 2018 y 2022, en un paraje cercano a Junín de los Andes.
De acuerdo con la imputación que había realizado Maggiora, el tribunal declaró la responsabilidad del imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante (artículos 119, segundo párrafo; y 45 del Código Penal).
En representación directa de la niña, durante el juicio también intervino la defensora de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Laura Lucero, en carácter de querellante institucional.
La teoría del caso que demostró la fiscalía es que los hechos fueron cometidos desde febrero de 2018 hasta junio de 2022, en el interior de la casa del imputado y en el domicilio de la víctima. En ese lapso de tiempo, el varón cometió las agresiones sexuales cuando se encontraba a solas con la niña.
El tribunal colegiado encargado de juzgar el hecho y que en una próxima instancia intervendrá para determinar la pena está integrado por las juezas Carolina González y Leticia Lorenzo y por el juez Maximiliano Bagnat.
Este último fue quien durante la audiencia de lectura del veredicto destacó que para la declaración de responsabilidad fue clave el testimonio de la víctima en Cámara Gessel. “Damos por cierta la versión que presenta el MPF desde el control de la acusación”, afirmó el juez, y luego destacó que se verificó “a la luz de la credibilidad, la veracidad y la objetividad” del testimonio de la niña. También remarcó que “no se apreció ni sugestión ni inducción” en ese relato”.
Medida cautelar:
Tras la declaración de responsabilidad, la asistente letrada solicitó extender por cuatro meses las dos medidas con las que se cauteló el proceso hasta el juicio: prohibición absoluta de contacto con víctima y denunciante, prohibición de salir del país y obligación de presentarse en la comisaría de Junín de los Andes. Tras escuchar a las partes, el tribunal prorrogó las medidas cautelares y solicitó a la Oficina Judicial que priorice el agendamiento del caso para realizar la determinación de la pena en el corto plazo.