La fiscal del caso Silvia Moreira pidió que un efectivo de la Policía provincial que le disparó a un joven durante un robo en la ciudad de Neuquén, sin hacer alguna advertencia y sin que exista riesgo para su integridad física o la de un tercero, sea juzgado.
La acusación la formalizó junto al asistente letrado Pablo Jávega en una audiencia de control de acusación realizada hoy en la Ciudad Judicial.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal y del departamento de Seguridad Personal de la Policía, el hecho fue el 27 de febrero cerca de las 2 de la madrugada. El cabo Juan Antonio Erice, se encontraba prestando servicio en la Comisaría Primera cuando fue alertado sobre un robo en la calle Pehuén en el barrio Santa Genoveva y concurrió al lugar junto al sargento Leandro Arroyo.
Ambos efectivos llegaron en un móvil policial, identificado como JP-1597. Mientras transitaban por calle Pehuén, advirtieron que dos varones (un joven mayor de edad y un adolescente menor de edad), estaban intentando sustraer una moto de una vivienda.
Al advertir la presencia policial, el joven mayor de edad se subió a una moto Honda Tornado e intentó escapar en dirección a la calle Colonia Alemana. En ese momento, el cabo Erice bajó del móvil y sin advertencia alguna y sin que exista riesgo para su integridad física o la de un tercero, efectuó un disparo que le ingreso por la espalda.
Como consecuencia de la herida, la víctima tuvo que ser intervenida y le extrajeron el bazo.
El sargento Leandro Arroyo, que acompañaba al acusado, intentó ocultar el hecho: omitió informar sobre la persecución; así como la utilización del arma de fuego reglamentaria por parte de su compañero. “Sólo dio intervención a la comisaría de la Niñez por la participación del menor de edad”.
El delito que Moreira y Jávega le atribuyeron a Erice fue lesiones gravísimas agravadas por la condición de autor y por la utilización de arma de fuego en calidad de autor.
En una audiencia anterior, el sargento Leandro Arroyo reconoció su participación en el hecho fue condenando por encubrimiento y aceptó cumplir 3 años de prisión de ejecución condicional.
Entre la prueba que la fiscalía llevará para producir en al debate, se encuentran las declaraciones de testigos, peritos y efectivos policiales, además de prueba documental y secuestros.
El juez de garantías Juan Kees, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el requerimiento de apertura a juicio presentado por la fiscalía y abrió la etapa de juicio. Además, el magistrado dio intervención a un tribunal colegiado para que juzgue el caso.