Frente al estancamiento del primer trimestre, el gobierno provincial neuquino implementó estrategias para multiplicar inversiones en áreas sensibles
A lo largo del primer trimestre del año, los ingresos públicos de la provincia del Neuquén sufrieron un estancamiento que -en términos reales- representa una caída, si se la compara con el proceso inflacionario que se registró durante el mismo período. En febrero, la evolución de esos recursos fue del 9,3% contra una inflación del 13,2%; mientras que en marzo la evolución apenas llegó al 3,8% frente un índice de precios al consumidor (IPC) que se estima del 11,5%.
Tras señalar que el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) reflejó una disminución del 4,3% en enero, desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria de la provincia se destacó que los indicadores sectoriales (industria, Construcción y Comercio Exterior) del país mostraron tendencias negativas durante el primer trimestre, en los que influyeron factores como los cambios en la política cambiaria, el ajuste fiscal en las transferencias, el empleo y la obra pública.

La retracción de esas actividades tuvo su correlato en Neuquén, cuyo Tesoro provincial acusó el impacto, “esto nos demandó un gran esfuerzo para una planificación más precisa del gobierno provincial, viéndonos obligados a trazar estrategias para hacerle frente a esta nueva realidad”; explicó el ministro Guillermo Koenig. Ejemplo de ello, el crecimiento exponencial de las inversiones en áreas sensibles (como Salud, Seguridad y Educación) “en un contexto complejo de la economía nacional”. Reordenar las erogaciones para redistribuir los recursos, es una de las consignas con la que inició su mandato el gobernador Rolando Figueroa, y en función de ello impulsó medidas como la emergencia sanitaria y penitenciaria, ambas convertidas en ley por la Legislatura.
El estancamiento (al que también se denomina amesetamiento) se refleja en la apretada evolución de los ingresos provinciales que es la siguiente, en millones de pesos: impuestos provinciales 68.081 (enero), 72.178 (febrero) y 76.173 (marzo); impuestos nacionales 37.372 (enero), 35.999 (febrero) y 36.146 (marzo); regalías y canon 86.325 (enero), 101.203 (febrero) y 104.882 (marzo). Los ingresos totales por estos conceptos fueron de 618.359 millones de pesos a lo largo del primer trimestre. Mostrando un crecimiento mensual en febrero/4 del 9,2%, 4 puntos por debajo de la inflación de dicho mes y en marzo del 3,7% casi un tercio de la inflación esperada del mismo período.
La caída (en términos reales) de la recaudación por los impuestos nacionales, se explica fundamentalmente por la evolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al impuesto a las Ganancias, que en conjunto representan un piso del 90% de los tributos coparticipables. El único de los regímenes que superó la inflación fue el de retenciones aduaneras, con variaciones interanuales promedio del 420% en el trimestre.
El comportamiento del IVA, si bien en enero y febrero se ubicó por sobre la variación de precios, no alcanzó para recuperar lo perdido en Ganancias; al tiempo que el régimen general fue el más afectado por la caída del consumo y la actividad económica.
Por otro lado, en lo que hace a la coparticipación y las transferencias corrientes que recibía de parte de Nación, la Provincia del Neuquén registró una pérdida superior a los 22.500 millones de pesos en lo que va del año. La cifra es aún mayor si se contemplan la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la eliminación del subsidio al transporte y el no pago de los montos comprometidos por la administración central para compensar el déficit de las cajas provinciales no transferidas, como es el caso del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), como así también el desfinanciamiento total de la obra Pública nacional en el territorio de la Provincia del Neuquén.
Frente a este escenario complejo, de caída de Ingresos y falta de financiamiento de obras la cartera económica se las tendrá que ingeniar para conseguir nuevas fuentes de financiamiento acordes a cubrir el déficit de infraestructura actual (por obras paralizadas y nuevas a ejecutar) y el pago de la deuda pública (amortización e intereses) contraída por las anteriores administraciones, cuidando de sobre manera el equilibrio fiscal entre ingresos y gastos, con la consigna de reordenar para redistribuir.