El vicegobernador Marcos Koopmann anunció que presentará un proyecto de resolución en la Legislatura exigiéndole al gobierno nacional que “se abstenga” de avanzar con la prórroga o con una nueva concesión de la represa hidroeléctrica El Chocón-Arroyito sin la participación de la provincia.

El tema fue planteado por Koopmann después de que esta semana se conociera el anuncio de la compañía eléctrica ENEL, actual concesionaria de la represa, del inicio de un plan de desinversión general que contempla la salida de todos los activos que tiene en nuestro país, incluyendo el complejo hidroeléctrico El Chocón-Arroyito.

“Vamos a seguir reclamando incansablemente para recuperar las represas que utilizan nuestros ríos Limay y Neuquén, un recurso que pertenece a las familias neuquinas, para producir energía para todo el país, pero que pocos beneficios concretos generan para nuestra provincia”, dijo el vicegobernador.

“Queremos recuperar las represas para todos los neuquinos, que se nos reconozca como dueños de los recursos, para que de una vez por todas podamos pagar un precio diferencial por la energía eléctrica para los hogares y las industrias de nuestra provincia, que mejore nuestra competitividad y aliente la generación de fuentes de empleo”, manifestó Koopmann.

En ese sentido, agregó que “además nos debe permitir contar con disponibilidad de agua para riego y consumo en las cuencas de ambos ríos, y generar mayores ingresos para la provincia, que nos permitan seguir trabajando en la mejora de los servicios de educación, de salud y de seguridad”.

El vicegobernador enfatizó que “nosotros siempre vamos a defender los intereses de las familias neuquinas, y en este caso, los ríos son propiedad de nuestra provincia, por eso no vamos a permitir que la Nación pretenda avasallar nuestros derechos, otorgando una nueva concesión de la represa sin que Neuquén sea parte de esa decisión”.

En lo que respecta al marco legal, Koopmann recordó que “cuando se privatizaron las represas en 1993, era la Nación quien tenía la facultad para autorizar, mediante concesión, la explotación de los ríos y así fue que se estableció que las centrales, al finalizar sus concesiones debían volver al gobierno nacional”.

“En 1994, con la reforma de la Constitución, las provincias pasaron a ser las propietarias de los recursos del suelo y del subsuelo, por eso consideramos que el año próximo, cuando se venzan los contratos vigentes de las represas, la Nación ya no tendrá la facultad de definir sobre el uso de los ríos y por lo tanto no podrá tomar ninguna decisión sin darle la debida participación a Neuquén y a Río Negro, para el caso de las represas que están sobre el río Limay porque es compartido”, explicó.

“Con la cesión o prórroga de este contrato de concesión, al tener plazos de caducidad muy cercanos, se plantea un escenario de incertidumbre para los posibles oferentes que cumplan con los requisitos necesarios para operar responsablemente el recurso hídrico de nuestras provincias, que es un recurso estratégico para el Estado”, señaló el vicegobernador.