La Cámara de Diputados exigió que el gobierno nacional devuelva las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén a las provincias dueñas del recurso hídrico una vez culminadas sus concesiones. Lo hizo al sancionar la comunicación 259, iniciativa que solicita al Congreso Nacional que analice todos los proyectos referidos a la administración de las centrales hidroeléctricas, tanto aquellos que piden su administración estatal como los que se pronuncian a favor de continuar bajo un régimen de concesión privada o mixto. Así se expresó durante la 17° sesión ordinaria del cuerpo que fue presidida por la vicegobernadora Gloria Ruiz.
Al hablar sobre el tema, el legislador Damián Canuto (PRO-NCN), destacó el posicionamiento unificado de la Cámara respecto a la devolución de las represas a las provincias dueñas del recurso e indicó que en la misma línea se encuentra el gobierno provincial, que solicitó mediante una nota elevada por el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, que el gobierno nacional le “transfiera en forma definitiva e inmediata” a Neuquén los complejos hidroeléctricos ubicados en sus cuencas una vez vencido el plazo de la prórroga de cada concesión. Aclaró que en el caso de las ubicadas en el cauce del río Limay, la cesión debe ser compartida con la provincia de Río Negro.
Canuto también explicó que la provincia tiene un derecho legítimo de querer participar de una eventual administración directa de las represas o de una futura concesión de su administración. Al respecto, admitió que a pesar de las gestiones efectuadas desde el Ejecutivo provincial, la nota aún no ha tenido respuesta por parte de la Secretaría de Energía de Nación.
“No han dado respuesta ni a la nota, ni al pedido de conformación de una mesa de diálogo”, señaló el legislador.
De igual modo, la Cámara votó la resolución 1212, que le solicita al Ministerio de Salud brindar los motivos por los cuales no se le otorga a odontólogos y odontólogas radicados en el interior la bonificación por “arraigo” que sí perciben médicos y especialidades del sistema de Salud que trabajan en el interior de la provincia, según lo especifica el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
Así lo hizo luego de un extenso debate en el que intervinieron diputados y diputadas de distintos bloques políticos y en el que se hizo referencia a la ejecución presupuestaria en el área sanitaria, la reciente sanción de una ley de emergencia en Salud y la voluntad del Ejecutivo provincial de querer equiparar a los odontólogos radicados en el interior con el resto de la planta de profesionales.
En ese sentido, Paola Cabeza (MPN) sostuvo que se trata de un reclamo que lleva un largo tiempo en agenda y pidió que el propio Ejecutivo defina la modalidad mediante la cual tiene previsto resolverlo. A su turno, su par de bancada, Ludmila Gaitán centró el planteo en la necesidad de alcanzar otro tipo de interpretación en la reglamentación del CCT para que el encuadre de los odontólogos coincida con el de los demás profesionales médicos. Añadió que dicha responsabilidad debe recaer en la cartera sanitaria.
Al defender la posición del Ministerio de Salud, la legisladora Verónica Lichter (PRO-NCN) observó que el presupuesto sancionado en 2023 no prevé partidas para afrontar el requerimiento y recordó que la actual gestión recibió un sistema sanitario sin stock de medicamentos e insumos para hacer frente a la demanda de atención.
Desde Unión por la Patria, los diputados Darío Peralta y Lorena Parrilli le recordaron a la legisladora que al inicio del año la Legislatura destinó 50 millones de dólares al sistema de Salud al sancionar la ley de Emergencia Sanitaria y también advirtieron que las partidas presupuestarias pueden ser reestructuradas por el Ejecutivo provincial, si se lo considera necesario.
Durante la sesión, diputados y diputadas votaron a favor la comunicación 260, en repudio a la visita que un grupo de legisladores nacionales de la Libertad Avanza le efectuó a ex militares condenados por haber cometido diversos crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar, entre ellos Alfredo Astíz. Al oficiar de miembro informante, Andrés Blanco (PTS-FIT-U), destacó la responsabilidad de la Cámara al expresarse respecto a una clara provocación que llevó adelante este grupo de legisladores y remarcó la reacción ciudadana de haber repudiado enérgicamente el hecho.
Blanco calificó a la visita como una instancia para generar impunidad y posibilitar el avance de políticas que instalen la posibilidad de otorgar un régimen de prisión domiciliaria a los genocidas. Sobre este punto, recordó que se trata de represores que mantienen un pacto de impunidad y de silencio desde hace más de 48 años al no revelar información sobre el destino de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar.
Leyes:
Al inicio de la sesión, el cuerpo votó por mayoría las leyes 3452, que crea la Capellanía Cristiana Policial; la 3453, que dispone que los conductores que ocasionen siniestros viales en estado de ebriedad deben reintegrar al Estado los gastos derivados de la atención médica; 3454, de régimen provincial de acción climática; 3455, de creación de consorcios urbanísticos; y la 3456, que instituye el 22 de septiembre de cada año como Día Provincial del Pastor Evangélico.
Otras sanciones:
También aprobó las comunicaciones 258 y 261, que insta al Gobierno nacional a garantizar la los puestos de trabajo asociados a los complejos hidroeléctricos neuquinos al finalizar las concesiones, y que solicita al Congreso de la Nación la restitución del incremento del 22 % de las deducciones personales en el impuesto a la ganancias para la zona patagónica, respectivamente.
En tanto, votó las resolución 1213 y 1214, que declaran personalidad ilustre post mortem al Sr. César Manuel Gutiérrez y se expresa en igual sentido respecto a la publicación del libro de su autoría “Huingan-có en la memoria de antiguos pobladores”.
