La Cámara de Diputados de la provincia aprobó, en general y por mayoría, la ley que habilita a la policía provincial a utilizar armas menos letales en tareas de prevención, detección y disminución del delito. Así lo dispuso el cuerpo durante la 26° sesión ordinaria al obtener 25 votos a favor y 7 en contra.
Por la afirmativa se pronunciaron los bloques PRO-NCN, DC-Comunidad, Cumplir, Hacemos Neuquén, Avanzar, JxC-UCR, Juntos, Neuquén Federal y Arriba Neuquén. Los diputados del MPN y UxP votaron en forma dividida, mientras que FIT-U y PTS-FIT-U lo hicieron por la negativa.
La ley dispone que la policía deberá aplicar los protocolos nacionales e internacionales para la capacitación y uso de armas o dispositivos menos letales, como así también las orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
Los efectivos deberán recibir capacitación especializada como requisito esencial y podrán utilizarlas en los siguientes casos: para inmovilizar, proceder a la detención o impedir la fuga de quien represente peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse; para ejercer la legítima defensa propia o de terceras personas; y para impedir la comisión de un delito.
Al defender la iniciativa, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) explicó que la intención es poder dotar al cuerpo policial de un arma menos letal que proteja tanto al uniformado que interviene para prevenir un delito, la integridad física de terceros involucrados, la propia víctima y el delincuente que pretende llevar a cabo un acto delictivo.
En ese sentido, reivindicó que a la fecha la policía provincial sólo puede portar un arma reglamentaria 9 milímetros y que, por las consecuencias legales y laborales que puede ocasionar su uso, muchas veces el agente evita utilizarla al intentar detener a un delincuente.
Añadió que esta decisión de no utilizar el arma reglamentaria puede derivar en un daño físico para el policía, tal como ocurrió recientemente en un caso en la ciudad de Cutral Co. “Con el uso de un arma menos letal, esta situación se evitaba”, puntualizó el legislador.
Bermúdez indicó que la normativa incluye protocolos de intervención y un proceso de capacitación para evitar cualquier exceso. Recordó que los uniformados que la utilicen deberán dejar un registro fílmico de su accionar y consideró inoportuno cuestionar que se trata de un tipo de dispositivo que se pueda utilizar para persuadir un reclamo en la vía pública.
Desde DC-Comunidad, el diputado Ernesto Novoa señaló que ese tipo de armamento son dispositivos que “tutelan la vida”, en tanto evitan muertes y lesionados, y resaltó que en el territorio provincial, casi todas las fuerzas de seguridad nacional cuentan con la autorización para utilizarlos y la policía de la provincia no.
El bloque UxP votó en forma dividida. A favor se expresó el diputado Darío Martínez, quien evaluó que “cualquier arma menos letal que pueda utilizar la policía siempre va a ser mejor” y planteó que la ley no va a redundar en una disminución de los índices de inseguridad, tras ponderar la necesidad de políticas públicas en salud, educación y adicciones. En tanto, la diputada Lorena Parrilli se pronunció en contra al considerar que se trata de una ley “amplia, desdibujada y poco clara” y cuestionar que el debate se realizó sin datos y sin los actores involucrados. Graficó que el 90% de los casos en los que se utilizan ese tipo de armas fue contra personas que no estaban armadas y aseguró que van a ser las oportunidades, y no la “sensación”, lo que va a resolver la situación de inseguridad.

De igual modo, el bloque de legisladores del MPN votó dividido. En contra de la iniciativa se pronunciaron Daniela Rucci, Paola Cabeza, Ludmila Gaitán y Gerardo Gutiérrez. En su intervención, Gaitán objetó que el Ministerio de Seguridad no se pronunció a favor de la implementación de armas no letales y calificó de “amplio y arbitrario” las alternativas en las cuales un uniformado puede utilizar este tipo de dispositivos. “Se puede utilizar si la persona está desarmada, si el delincuente se entregó o si no corre riesgo la integridad física de terceros”, criticó.
Por su parte, Gutiérrez advirtió la falta de información respecto al desembolso que la provincia deberá realizar para la adquisición del equipamiento, el proceso de capacitación y la cantidad de uniformados que podrán portar este tipo de armas, además de sostener que en toda la normativa no se hace mención a un marco sancionatorio que castigue por su uso indebido.
La legisladora Brenda Buchiniz (Cumplir) acompañó la iniciativa al destacar que se trata de una herramienta que contribuye en la prevención del delito. Dijo también que en la actualidad nada impide que la policía pueda utilizar este tipo de dispositivos y que la sanción de la normativa permite incorporar pautas de uso, protocolos e instancias de capacitación.
El diputado César Gass (JxC-UCR) hizo eje en la necesidad de profesionalizar y jerarquizar a la fuerza policial, y opinó que ante la posibilidad de dotar de armas que no produzcan un daño irreversible, es mejor utilizar ese tipo de dispositivos.
En contra de la autorización se expresó el legislador Andrés Blanco (PTS-FIT-U), quien vinculó la aprobación de la iniciativa a los escenarios de violencia y de lucha que trae aparejado el plan de ajuste del gobierno nacional. Al respecto, observó que se trata de un elemento que puede provocar una muerte y que muchos organismo de derechos humanos desaconsejan su utilización.
De igual modo votó la diputada Gabriela Suppicich (FIT-U) quien remarcó que el uso de ese tipo de armas no va a resolver el problema de la inseguridad y citó estudios de organismos internacionales que dan cuenta de ello.