La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A)inició hoy el debate del proyecto de regulación de videocámaras en laprovincia, presentado por el gobernador Omar Gutiérrez, ocasión en la queacordó convocar a autoridades de la Secretaría de Seguridad y a especialistasen la materia para los próximos encuentros. A la vez, el cuerpo que preside eldiputado Maximiliano Caparroz (MPN) emitió despacho unánime a dos pliegos dejueces penales para el interior.
Al explicar el alcance delproyecto de videoseguridad, la diputada Ludmila Gaitán (MPN) recordó que la leyvigente (2762) quedó obsoleta frente a las innovaciones de los equipamientos ydispositivos electrónicos y los avances tecnológicos de captura de imágenes,videos y audios.
Gaitán remarcó que el objetivo dela propuesta es “la seguridad pública y la atención de emergencias” y reparó enel resguardo de los datos personales ya que el texto especifica que toda persona interesada podrá ejercer ante la autoridad competente los derechos de acceso y de cancelación de las grabaciones en las que “razonablemente se considere que se encuentra afectada”. Aseguró, además, que no figura en la iniciativa “la identificación facial”, dispositivo que según valoró César Gass (JC) sería “muy apropiado para identificar a personas con prontuarios”. Por el mismo bloque, Leticia Esteves advirtió que la propuesta no modifica sustancialmente la ley vigente que, recordó, no está reglamentada y pidió incorporar una serie de “mejoras” al texto.
Desde el FdT, el diputado Sergio Fernández Novoa expresó reparos al proyecto, principalmente vinculados a la posible vulneración a la intimidad de las personas en la vía pública. En ese sentido, sugirió consultar al TSJ sobre la constitucionalidad de la iniciativa, al tiempo que pidió la opinión de la cartera de Seguridad y de expertos en el tema. A la vez, criticó que la autoridad de aplicación pueda delegar la función de control a un organismo técnico privado externo.
La propuesta permanecerá en comisión para su tratamiento.