En el contexto de una investigación a cargo del fiscal del caso Adrián De Lillo y del asistente letrado Ramiro Amaya, el Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió la realización de ocho allanamientos en Villa La Angostura, Bariloche y en Paraje El Rincón.
Los procedimientos fueron autorizados por un juez de garantías Juan Pablo Balderrama y comenzaron hoy por la mañana, con la colaboración de personal de la Policía provincial. Comprendieron viviendas particulares y oficinas comerciales.
El MPF los requirió en el contexto de una investigación que inició en abril de este año, luego de la denuncia recibida por una mujer que heredó lotes en el Paraje El Rincón, ubicado en la zona del paso fronterizo Cardenal Samoré. Planteó que la obligaron a entregar dólares, firmar pagarés y ceder derechos sobre inmuebles, tras un acuerdo privado que se realizó en el estudio de un abogado y en una oficina comercial, en Villa La Angostura.
El objetivo de los procedimientos fue buscar y secuestrar documentación vinculada a la denuncia (pagarés, contratos, planos, sellos); realizar la requisa de personas que están bajo sospecha; registrar vehículos; buscar armas de fuego, dinero, sellos, computadoras y teléfonos celulares; entre otros objetos.
De acuerdo a la información provisoria recopilada por el MPF y la Policía provincial, la hija de la hereda comenzó a realizar un camino dentro de uno de los lotes en Paraje El Rincón. Lo hizo entre fines de marzo y los primeros del mes de abril del corriente año.
Sin embargo los trabajos fueron interrumpidos por un grupo de personas (varones y mujeres), quienes plantearon que la apertura del camino se estaba realizando en una porción de tierra sobre la que supuestamente ellos tenían derechos.
Una persona de este grupo incluso formalizó una denuncia el 29 de marzo de pasado, en la que planteó que tenía derechos sobre esa porción de tierra, y señaló que la hija de la heredera se encontraba vendiendo fraudulentamente fracciones.
Esta última denuncia, originó una investigación por parte del MPF, que fue archivada porque tiempo después la persona que la realizó dijo, acompañada por su abogado, que había llegado a un acuerdo privado por lo que ya no tenía interés en continuar el caso.
Con los allanamientos de hoy, el MPF busca recopilar información para establecer los términos de ese acuerdo privado, entre otros aspectos.
Esto porque, tras la paralización de las obras para hacer el camino, la persona que decía tener derechos sobre una parte del predio, tomó contacto con la mujer heredera y su hija. Luego logró un acuerdo mediante el cual la heredera concretó una cesión de derechos sobre una casa de 80 metros cuadrados; una cesión de derechos por un lote de 10 mil metros cuadrados; una cesión de derechos sobre otro lote de 64 hectáreas; un reconocimiento de deuda y compromiso de pago por 2 hectáreas de tierra; un pagaré por 90 mil dólares; doce pagarés por 1.000 dólares; y la entrega de 8 mil dólares en efectivo.
En la denuncia del 30 abril de 2024, la heredera planteó que firmó los papeles después de que le dijeron que su hija podía quedar detenida, y sin observar el contenido (la mujer es mayor, tiene dificultades para leer y se encuentra en estado de vulnerabilidad, según la información preliminar con la que cuenta el MPF). La firma se realizó en distintos días, en el estudio de un abogado y en oficinas comerciales.
Los delitos que están bajo investigación son extorsión, falsificación de documentos, tenencia de armas de fuego sin autorización legal, usurpación, turbación de la posesión, estafas reiteras, hurto y daños.
Por el momento, no está descartada la posibilidad de que este accionar haya comprendido a otras víctimas.