El fiscal de Delitos Económicos Juan Narvaez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitaron hoy el pase a etapa de juicio en la causa en la que se investiga a exfuncionarios del Ejecutivo provincial, empleados del Ministerio de Desarrollo Social y a particulares, por haber conformado una asociación ilícita destinada a quedarse con fondos públicos.
Si bien la audiencia no terminó y la jueza Carina Álvarez dispuso un cuarto intermedio para continuar mañana, el fiscal jefe y el fiscal del caso, junto a las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, presentaron la acusación contra 17 imputados e imputadas, con el accionar preciso que le atribuyeron a cada persona acusada para cometer un total de 9.303 estafas.
La asociación ilícita:
Vignaroli afirmó que, de acuerdo con la información con la que cuenta la fiscalía y que está en condiciones de llevar al juicio, la asociación funcionó entre 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022. Estaba integrada por funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y por particulares que colaboraban en la maniobra a cambio de un beneficio económico.
La asociación ilícita reflejó una estructura piramidal con jefes que impartían órdenes hacia los colaboradores, los reclutadores y finalmente, a quienes retiraban dinero mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero con tarjetas de débito.
En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.
Luego, la investigación determinó otros cuatro niveles:
-Colaboradores/as: L.M.G.; L.C.R.; J.O.; y J.A.
-Reclutador/a: I.M
-Recaudadores/as: E.A; V.N.H; A.K; R.Q; y V.C.E.
-Beneficiados/as por la maniobra: A.A.C; y F.C.R
Tras precisar la maniobra mediante la cual, en el período indicado, la organización se apropió de $153.377.900, con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, el fiscal Narvaez precisó que en audiencias previas se acordaron cinco condenas a prisión condicional y que hay otros dos casos que resta resolver.
Luego indicó que respecto de los imputados y las imputadas incluidas en la acusación, adelantó que la fiscalía, en caso de recaer declaraciones de responsabilidad, solicitará penas superiores a los 3 años de prisión efectiva, y pidió a la jueza que disponga que el juicio esté a cargo de un tribunal colegiado.
Luego de resolver distintas peticiones de las defensas, la magistrada Álvarez dispuso un cuarto intermedio hasta mañana, para continuar con el control de la evidencia con la que cuentan las partes.
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