El fiscal general José Gerez se reunió con su par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Juan Bautista Mahiques, para analizar el modelo de gestión con el que esta jurisdicción investiga los delitos vinculados al narcomenudeo.
El encuentro, que se realizó este mediodía en la sede del Ministerio Público Fiscal de CABA, tuvo como principales ejes la organización de la fiscalía especializada que trabaja con estos delitos, los recursos con los que cuenta, los lineamientos de persecución que definió y las capacitaciones que recibió.
“En 2019, CABA tomó la decisión de comenzar a combatir el narcomenudeo, por lo que el Ministerio Público Fiscal cuenta con suficiente experiencia y, a través de la gestión del fiscal general Mahiques, desarrolló un modelo de trabajo que es parte de un programa específico para abordar la temática”, planteó Gerez tras el encuentro. “Pudimos conocer errores y aciertos, así como los desafíos que fue enfrentando el organismo, y sin dudas esto es muy valioso para nosotros”, agregó.
El fiscal general también se reunió con el Subsecretario de Política Criminal de la Nación, Alberto Nanzer, quien manifestó su respaldo a la decisión de que la provincia comience a investigar el narcomenudeo.
Con el funcionario nacional, Gerez además evalúo lineamientos específicos de capacitación y programas sobre narcomenudeo.
“Tanto Nanzer como Mahiques coincidieron en que el narcomenudeo es un fenómeno criminal de relevancia, que debe e ser dimensionando por el impacto social que tiene, y mediante el cual hay que buscar desarticular los pequeños mercados de venta sin criminalizar a los consumidores que necesitan otras respuestas”, señaló Gerez.
La reunión de Gerez con los funcionarios responde al anuncio del gobernador Rolando Figueroa, realizado junto al fiscal general, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, para que la provincia asuma la investigación de los delitos de narcomenudeo.
La decisión implica el traspaso de las investigaciones por comercialización y distribución de drogas para el consumo al sistema penal provincial, mediante la adhesión a la Ley Nacional 26.052, que propone la desfederalización de estos delitos.
Para avanzar en la iniciativa, a mediados de este mes, se conformó el Consejo Estratégico de Implementación (CEI) que quedó integrado por el MPF, el TSJ y el Ejecutivo mediante el Ministerio de Seguridad.
Es un ámbito cuyo objetivo es “realizar todas aquellas acciones ejecutivas y estratégicas para la implementación en la provincia de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo”.